Más de cien días completaron las protestas de las comunidades aledañas a los peajes de Puente Amarillo, Ocoa, Iracá y la Libertad, en las vías que comunican a Villavicencio con los departamentos de Casanare, Guaviare y Vichada, que se suman a las recientes manifestaciones de la comunidad cercana al peaje Pipiral, en la vía que comunica a la capital del Meta con Bogotá.
Pese a que, durante el puente festivo del 11 de noviembre, las autoridades de tránsito manifestaron su compromiso para mantener el orden en las vías del departamento, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, expresó su preocupación por nuevas jornadas de protestas que podrían realizarse en las carreteras, por lo que elevó una petición al gobierno del presidente Gustavo Petro para liderar mesas de trabajo que solucionen las problemáticas que denuncian los pobladores de las zonas.
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El anuncio lo dio a conocer tras una reunión extraordinaria con funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional, donde mencionó que los bloqueos no solo afectan la movilidad sino la economía de la región.
“Bloquear vías, evitar el pago del peaje, perjudica a los habitantes de nuestros municipios y a los viajeros, y no tiene justificación alguna. Nos somete a grandes pérdidas económicas y arriesga a demandas multimillonarias contra los recursos destinados para salud, vivienda, educación y tantas otras necesidades que tenemos”, expresó la mandataria departamental en su cuenta de X.
A su vez, señaló que estas acciones “están alejadas de la ley y que perjudican a tantas personas que viven del turismo y el comercio, y que dependen de los miles de viajeros y visitantes que llegarán al departamento”.
Frente a ello, instó al Gobierno de Gustavo Petro para que se brinde una solución oportuna a las peticiones de las comunidades aledañas a los peajes. “Convoco al gobierno nacional, a los alcaldes locales, a las autoridades, y a la comunidad, para que nos unamos, busquemos soluciones, y no permitamos que politiqueros y saboteadores le hagan daño a los metenses y al país (...) mi llamado al presidente Gustavo Petro para que se tomen las medidas necesarias para mantener la autoridad, la paz y garantizar la seguridad, integridad y vida de los ciudadanos”, comentó en la red social.
Finalmente, la gobernadora aseguró que, con los diálogos, se podrá solucionar esta situación, y espera que los bloqueos no se repercutan en las demás vías del territorio colombiano. “Estamos en el momento justo para controlar una situación que seguramente querrán escalar a actos violentos que ya en el pasado hemos visto y que ponen en riesgo la integridad y la vida de los ciudadanos”, concluyó.
El motivo de la protesta de las comunidades
Desde el pasado mes de agosto, la comunidad cercana al peaje Puente Amarillo, ubicado en la vía que comunica a Villavicencio con Restrepo, decidieron levantar las talanqueras de este puesto de cobro, con el fin de que los conductores no paguen la tarifa señalada en este punto.
Allí, los manifestantes piden que se retire el peaje, al considerar que afecta la economía de los habitantes del municipio, así como de otras zonas rurales del departamento, por lo que la concesión de la vía activó el protocolo de cierre.
“Nos han ratificado que necesitan reactivar el cobro, es decir, venir a bajar la vara, y una de esas formas es con la Fuerza pública. De reactivar el cobro, sería incumplir uno de los puntos contemplados en la mesa de concertación”, se lee en un comunicado publicado por el comité ciudadano “No Más Peaje Puente Amarillo”.
Esta protesta se extendió en otros puntos como los peajes de La Libertad (vía Villavicencio - Puerto López), así como en los de Ocoa (vía Villavicencio - Granada) e Iracá, que conecta al departamento de Guaviare, donde los habitantes optaron por levantar la vara, en protesta por las altas tarifas de los peajes.
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