El 11 de abril de 2002, un grupo de guerrilleros del Bloque Occidental de las extintas Farc-EP ingresó a la Asamblea del Valle disfrazado de militares del Ejército.
Los insurgentes aseguraron a los diputados que había una bomba en el lugar y prometieron llevarlos a salvo a sus hogares. Sin embargo, lo que siguió fue el secuestro de doce diputados, un cautiverio que se extendió por más de cinco años y culminó en la masacre de once de ellos, dejando solo a Sigifredo López como sobreviviente.
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha revelado nuevos detalles sobre este trágico episodio, destacando que el secuestro fue parte de un patrón criminal de las entonces Farc-EP para presionar al Estado a intercambiar rehenes por guerrilleros presos. Esta estrategia, según la JEP, fue una política fallida del secretariado de la guerrilla.
En el proceso judicial, los comparecientes de las extintas Farc-EP reconocieron que Alfonso Cano, líder guerrillero fallecido, ordenó el secuestro en 2001.
“Según reconocieron ante la JEP los comparecientes de las extintas Farc-EP, Alfonso Cano (†) ordenó en 2001 secuestrar a los diputados, entre otras, para demostrar el poder y la organización política y militar de la antigua guerrilla”, reveló la JEP en un hilo de X.
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La intención era demostrar el poder y la organización política y militar de la guerrilla. Los líderes del secuestro fueron Milton Sierra (alias J.J), Obdulio Peña (alias Franco Benavides) y Gustavo Arbeláez (alias Santiago Naya), quienes planearon meticulosamente la operación, entrenando para imitar a los militares y adquiriendo uniformes e insignias.
Un colaborador y el asesinato con sevicia de un vigilante
Dentro de la Asamblea, los guerrilleros contaron con la colaboración de León Villegas, un mensajero que proporcionó fotos, videos, mapas y horarios, facilitando el acceso sin levantar sospechas. Durante el operativo, el policía Carlos Alberto Cendales intentó desactivar el supuesto explosivo, pero al descubrir la verdadera identidad de los guerrilleros, fue asesinado tras resistirse y tratar de alertar a los diputados.
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El relato de Javier Mauricio Orrego (alias Alcides o Murrapo) ante la JEP detalla cómo Cendales fue herido con un cuchillo y posteriormente asesinado por otro guerrillero conocido como Yesid. Orrego reconoció que Cendales “entregó su vida por defender a los doce diputados”, intentando dar la voz de alerta sobre lo que realmente estaba ocurriendo.
“El policía Carlos Alberto Cendales se ofreció a ayudar a desactivar el supuesto explosivo en la Asamblea. Pero se convirtió en un problema para los guerrilleros porque los acompañaba a todos lados. Javier Mauricio Orrego (Alcides o Murrapo) reconoció ante la JEP que ese día lo llevó a un baño y le reveló que no eran militares, sino guerrilleros de las Farc-EP e intentó amarrarlo. Pero Cendales se resistió y buscó alertar para que no secuestraran a los diputados”, en eso el guerrillero le propinó varias puñaladas y otro le disparó en dos oportunidades.
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Otro detalle importante que resaltó la JEP está relacionado con Sigifredo López, el único sobreviviente y que fue acusado de supuesto colaborador de la guerrilla en esos hechos.
“Aunque fue acusado falsamente de colaborar con la guerrilla y pagó cárcel, el proceso evidenció que él fue una víctima más. Fue el único sobreviviente y duró casi 7 años secuestrado. Hoy todavía sufre la estigmatización de haber sido colaborador, pese a que se probó su inocencia”, dice la publicación de la Jurisdicción.
López se salvó, de acuerdo con lo revelado por la JEP, gracias a que estaba aislado en forma de castigo por su comportamiento. Durante los años de secuestro, según el informe, los diputados fueron obligados a caminar por el Valle del Cauca, Cauca y Nariño, por en una selva inhóspita y lluviosa sin la comida, el equipamiento ni el entrenamiento físico en jornadas de hasta veinte horas. Además, constantemente eran torturados y amenazados de muerte.
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Este caso, que conmocionó a Colombia, sigue siendo objeto de investigación y análisis por parte de la JEP, en un esfuerzo por esclarecer los hechos y brindar justicia a las víctimas y sus familias.
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