Bucaramanga y su área metropolitana han sido el centro de un escándalo tras revelarse las condiciones infrahumanas en las que estaban sometidas personas dentro de ocho fundaciones de rehabilitación.
Los internos eran sometidos a torturas y maltratos brutales, bajo pretexto de tratamiento por problemas con sustancias psicoactivas y psiquiátricas.
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“Las necesidades fisiológicas de los internos se hacían en baldes y botellas de vidrio, era una modalidad de castigo que consistía en esposarlos de manos y pies contra el suelo por días y hasta por semanas, les quitaban el almuerzo, la cena”, citó El Tiempo al fiscal tercero especializado EDA durante una audiencia.
La gravedad del asunto quedó en evidencia en 2021, cuando brotes de violencia y el testimonio de testigos llevaron a las autoridades a investigar estos centros, comúnmente referidos como las ‘casas de tortura’.
Según la investigación, la familia Blanco, creadora de estas fundaciones, lucraba con las mensualidades mientras los internos sufrían violaciones de derechos humanos.
Melissa Franco, exsecretaria del interior de Bucaramanga, señaló la sorpresa de encontrar tratamientos para transformar la sexualidad de las personas, pues según su testimonio, los equipos psicosociales encontraron dos muchachos que estaban en “un proceso de rehabilitación por homosexualismo y que además, eran abusados dentro de las instalaciones de este centro de tortura.
El fiscal tercero especializado EDA detalló en audiencia otras formas de tortura, “otro de los castigos consistía en llevarlos a una placa en un tercer nivel de la fundación donde quedaban completamente a la intemperie expuestos al sol, a la lluvia, siempre esposados, sin comida y sin agua, e indicaban que eran víctimas constantes de agresiones físicas por el personal, eran puños, patadas, agresiones con elementos contundentes como bates, palos, cadenas, candados”, explicó al medio ya mencionado.
La periodista y corresponsal Melissa Múnera Zambrano, de El Tiempo, en su investigación añadió que en ocasiones las personas afectadas eran privadas de la libertad y trasladadas con documentos falsos.
En 2023, un megaoperativo permitió la intervención en ocho fundaciones y la captura de 21 personas. De estas, once fueron enviadas a la cárcel, acusadas de delitos graves como homicidio, tortura, secuestro, y acceso carnal violento.
“Nos tenían esposadas, encerradas en un cuarto de reflexión. Un señor abusaba de una de mis compañeras, nos encerraban en un cuarto pequeño y nos tocaba hacer las necesidades en bolsas por cinco días, era un cuarto que olía a orines, sin colchonetas, una persona duró un mes, no podíamos bañarnos, no había enfermera ni quién hiciera aseo, abusaban de nosotros por dejarnos fumar un cigarrillo”, son los testimonios de varias personas víctimas en este centro de atención.
Las condiciones deplorables en las que vivían los internos incluyen cuartos de reflexión sin espacio suficiente donde eran obligados a permanecer por días sin acceso a necesidades básicas. “Nos encerraban en un cuarto pequeño y nos tocaba hacer las necesidades en bolsas por cinco días”, dijo un sobreviviente, según El Tiempo.
El papel de las autoridades locales, como los equipos psicosociales mencionados por Franco, fue crucial para desenmascarar estas fundaciones. Tras el operativo, los internos fueron reubicados en instalaciones adecuadas, como San Camilo y Isnor, según explicó el actual secretario de Desarrollo, Iván Torres, a El Tiempo. Torres confirmó que estas fundaciones no estaban habilitadas para ofrecer servicios terapéuticos.
Las víctimas, muchas de las cuales vivían allí contra su voluntad, finalmente fueron escuchadas y atendidas. Las revelaciones de torturas sistemáticas y abusos nos recuerdan la importancia de una vigilancia constante y rigurosa en instituciones que deben velar por el bienestar y la rehabilitación de personas vulnerables.
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