EPS intervenida por el Gobierno habría desangrado los recursos del Estado: el interventor fue clave

Ha pasado una semana desde que el saliente superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, encendió las alarmas en el país, después de que denunciara presuntas irregularidades en los procesos de contratación de cuatro EPS del país, de las cuales tres están intervenidas por la entidad que manejaba.

Sin embargo, sí reveló que las denuncias recibidas estarían relacionando a Mario Andrés Urán, un conocido lobista y empresario del sector salud en Colombia, que ha sido señalado por la Superintendencia de Salud como una figura clave en un presunto esquema de corrupción que involucra a varias Empresas Promotoras de Salud (EPS).

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“Presunta confabulación liderada por un particular, el señor Mario Andrés Urán, para la postulación y direccionamiento de contratos a las mismas IPS por parte de las 3 EPS intervenidas, a través de su cargo de asesor en la EPS Coosalud (no intervenida) (...) La concentración de pagos en ciertas IPS sin la debida justificación de estos y en detrimento del giro de recursos a otras entidades de salud”, señaló en su momento el comunicado de la entidad.

Pero en la mañana de este martes 5 de noviembre, finalmente se conocieron nuevos detalles del millonario desfalco que se habría cometido dentro de una de las EPS intervenidas por la SuperSalud: Emssalud.

Dentro de los hallazgos, que incluyen pruebas de irregularidades en la EPS Emssanar, habría registro de contratos entregados a cercanos de Urán, con el apoyo del agente interventor de la promotora, que fue designado por la misma superintendencia, según un informe revelado por la revista Cambio.

Emssanar, una de las EPS más grandes del régimen subsidiado, fue intervenida en mayo de 2022 debido a problemas financieros. Sin embargo, el último interventor, César Augusto Sánchez Gutiérrez, nombrado por la administración actual, es ahora señalado como uno de los protagonistas del presunto desfalco.

Sánchez, quien asumió el cargo el 3 de mayo de 2024, ha sido vinculado a Urán, ya que ambos trabajaron juntos en Caprecom. Además, Sánchez ha sido acusado de favorecer a empresas como Maca Supply y Crono Investment, propiedad de su amigo y empresario de la salud Camilo Méndez, en la adjudicación de contratos sin la debida experiencia previa. La Superintendencia también descubrió que Sánchez tercerizó funciones propias de la interventoría a empresas privadas con posibles vínculos con Urán.

El informe de la Superintendencia, y revelado por Cambio, detalla que los pagos a proveedores de material de osteosíntesis en Emssanar aumentaron de forma repentina tras la llegada de Sánchez, pasando de un promedio de 3.115 millones de pesos a más de 5.200 millones, pues contrataron dos empresas adicionales.

Pero lo más grave es que el informe logró identificar que los contratos adicionales se hicieron con empresas que no pudieron demostrar experiencia previa, como el caso de Maca Supply, que hasta mayo de 2024 estuvo representada legalmente por el cercano a César Sánchez, Camilo Mendez.

De hecho, la documentación obtenida por la revista en mención señala que Maca Supply habría falsificado certificaciones de experiencia, pues reposan trabajos con entidades que no ofrecen productos de osteosíntesis. Incluso, llegaron a falsificar, a mano, un contrato con la Nueva EPS que nunca tuvo validez.

Además, César Ramírez habría contratado a la empresa Crono Investment, también de su amigo Méndez, por unos 780 millones de pesos (por solo tres meses) para encargarse de la asesoría de la EPS, a pesar de que la promotora cuenta con un equipo legal y jurídico de planta con más de cien empleados.

Ante estas revelaciones, el superintendente Leal negó haber recibido presiones para el nombramiento de Sánchez y pidió a las autoridades a investigar a fondo. “No dejé que esas personas siguieran al garete haciendo lo que quisieran. Por eso le pido a las autoridades que investiguen a profundidad los casos”, comentó Leal a Cambio.

Por su parte, Mario Urán, a través de su abogado, ha negado cualquier influencia indebida en los pagos realizados por las EPS, pues su nombre también está vinculado con Asmet Salud y SOS EPS, dos entidades promotoras intervenidas que también son investigadas por posible corrupción.

Según la entidad, Urán habría influido en la adjudicación de contratos a ciertas IPS desde su posición como asesor en Coosalud, una de las EPS no intervenidas. Este escándalo ha sacudido al sector salud del país, revelando irregularidades como pagos injustificados y sobrecostos en las EPS Emssanar, Asmet Salud y SOS EPS, todas bajo intervención gubernamental.

La investigación de la Superintendencia, liderada por Luis Carlos Leal, se inició hace meses y culminó el 22 de octubre.