Juan Diego Rueda Mateos, un abogado de Santander, fue arrestado el 30 de octubre de 2024 en el municipio de Floridablanca, Santander, bajo la acusación de haber estafado a 17 personas, según informó la Fiscalía.
Se le imputa haber obtenido fraudulentamente alrededor de 600 millones de pesos mediante promesas engañosas de ayudar a sus clientes a adquirir propiedades y vehículos en remate.
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De acuerdo con el reporte de la Fiscalía citado por el diario El Tiempo, el esquema de estafa, que se habría desarrollado entre junio de 2022 y enero de 2024, consistía en que Rueda Mateos, en aprovechamiento de su posición profesional, ganaba la confianza de sus clientes asegurándoles que tenía contactos influyentes en los procesos de remate judicial.
Entonces, las víctimas, residentes de Bucaramanga y Floridablanca, entregaban sumas de dinero con la esperanza de obtener bienes a precios reducidos.
Las reuniones con los clientes se llevaban a cabo en una oficina ubicada en el centro comercial Plaza Mía de Floridablanca, donde Rueda Mateos les aseguraba que era un experto en el área. Sin embargo, las promesas nunca se materializaron, y las víctimas, al intentar reclamar sus fondos, fueron supuestamente amenazadas e intimidadas por el abogado.
La Fiscalía reveló que Rueda Mateos utilizó su profesión para contactar a los ciudadanos y engañarlos con falsas promesas de adjudicación de bienes. Las autoridades lo acusaron de estafa agravada en modalidad de masa, junto con otros delitos relacionados con la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como intimidación o amenazas con armas.
El caso ha generado preocupación entre los afectados, quienes han visto sus esperanzas de adquirir propiedades a bajo costo desvanecerse por una estafa.
Dos funcionarios públicos envueltos en corrupción fueron capturados en Cartagena
Dayro Enrique Navia Contreras y Olga Lucía Sampayo Ortega, funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, enfrentan cargos por presunto acceso indebido a sistemas informáticos y violación de datos personales, según informó la Fiscalía.
Las acusaciones se presentaron ante un juez de control de garantías en Cartagena, tras una investigación que reveló que ambos habrían accedido irregularmente a bases de datos de la entidad para obtener información confidencial de una investigación sobre corrupción en Medellín.
Entre noviembre de 2023 y agosto de 2024, Navia Contreras y Sampayo Ortega, quienes trabajan en Cartagena, habrían descargado material probatorio sin autorización, incluyendo informes de interceptaciones telefónicas y búsquedas selectivas en bases de datos, según las labores de policía judicial. Esta actividad se realizó en el contexto de una investigación llevada a cabo por un fiscal en la capital antioqueña.
La captura de los funcionarios se llevó a cabo el 30 de octubre por la Dijín de la Policía Nacional. Durante la audiencia, ninguno de los acusados aceptó su responsabilidad en los cargos imputados. La Fiscalía sostiene que las acciones de los funcionarios constituyen conductas agravadas debido a la naturaleza sensible de la información comprometida.
El caso subraya la importancia de proteger la integridad de los sistemas informáticos y la confidencialidad de los datos personales en investigaciones judiciales. La Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar el alcance completo de las acciones de los acusados y las posibles implicaciones para el caso de corrupción en curso en Medellín.
Exgobernador Roberto Jaramillo, acusado de corrupción en el Quindío
Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, exrepresentante legal de una fundación privada, y exgobernador del Quindío, fue formalmente acusado por la Fiscalía General de la Nación de Colombia por su presunta participación en actos de corrupción.
La acusación, presentada el 22 de octubre, incluyó cargos de peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y fraude procesal continuado. Estos cargos fueron inicialmente imputados el 6 de junio de 2023 por una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
La investigación se centró en hechos ocurridos entre diciembre de 2007 y 2008, cuando Jaramillo Cárdenas, junto con la exgobernadora Amparo Arbeláez Escalante, habría incurrido en irregularidades relacionadas con la cesión de un predio del Departamento del Quindío a una fundación privada.
Según las autoridades, Arbeláez Escalante, quien fue gobernadora entre 2004 y 2007, habría facilitado la transferencia del terreno a la fundación representada por Jaramillo Cárdenas.
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