Luego de asumir como nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino ha enfocado sus primeros meses de gobierno en múltiples estrategias para mitigar la crisis migratoria que se registra en su país, misma que recibió a más de 500.000 extranjeros que llegaron desde el tapón del Darién, una de las fronteras más peligrosas del mundo.
La primera acción implementada por Mulino fue el cierre con alambres de varios puntos de acceso a su país en el Darién, lo que permitió que se tuviera un control total sobre el número de migrantes que ingresan a diario a su territorio.
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En segundo lugar, y con la firma de un convenio con Estados Unidos, en Panamá se comenzaron a realizar vuelos humanitarios en los que han sido devueltos a su país de origen más de 800 extranjeros en 19 vuelos, lo que representa un gasto de un millón de dólares y que se anunció, se seguirán implementando con el argumento de que los “migrantes irregulares que no cuenten con las bases legales para permanecer en el país”.
Panamá buscará implementar medidas más drásticas
Debido a que los vuelos humanitarios no se pueden implementar con ciudadanos venezolanos porque desde finales de julio el presidente de Panamá rompió relaciones diplomáticas con este país por el presunto fraude electoral que se registró en los comicios presidenciales en esta nación, el Gobierno panameño ha buscado consolidar vuelos de estas personas a países terceros, pero no ha sido posible.
Ante esta situación, ahora se ha tomado la decisión de multar económicamente a los migrantes que lleguen desde el Darién, esto, sin importar la nacionalidad del infractor.
“Toda persona que ingrese al país, violando los puestos de control migratorios, terrestres, aéreos o marítimos, será multada con un monto que oscila entre mil dólares y cinco mil dólares, según la gravedad de la infracción”, declaró el presidente Mulino durante su conferencia de prensa semanal.
Cabe recordar que seis días antes se había confirmado que ya era oficial un decreto ejecutivo que confirmaba las multas a los migrantes, que no podrán salir del país centroamericano hasta que no paguen el valor de la multa, y en caso de no contar con el dinero, será deportado de manera inmediata a su país de origen.
En el decreto también se estipula que la sanción “debe ser ajustada para que sea accesible y los migrantes puedan pagarlo antes de abandonar el territorio nacional”, recordando que los vuelos humanitarios son solo para extranjeros que acepten que tienen el deseo de volver a su nación de manera voluntaria.
Sobre el objetivo de implementar vuelos humanitarios a países terceros, la representante regional interna de Estados Unidos, Marlen Piñeiro, anunció a EFE que en las próximas semanas se podrían comenzar a registrar vuelos humanitarios que llevarían a las personas venezolanas a terceros países.
“Sí, nos hemos acercado con varios países y nosotros pensamos que ya en los próximos días, semanas a más tardar, vamos a tener vías para regresar venezolanos a terceros países donde van a estar seguros”, declaró Piñeiro, que es la representante de las autoridades estadounidenses en Panamá. Además, la funcionaria también se encarga de autorizar los vuelos de deportación que se han registrado desde agosto en Panamá.
De la misma forma, Piñeiro aseguró no hay países que hayan aceptado recibir a los migrantes, pero que han “hablado con varios” y en los próximos días se registrará un anuncio al respecto.
A nivel de resultados de estas estrategias, el Gobierno de Panamá informó que con corte del 13 de octubre, 274.000 migrantes han llegado a su país desde el Darién, lo que representa una reducción del 36,5% en comparación con el mismo tiempo durante 2023.
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