Un juez de control de garantías de Montería dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra cinco integrantes del grupo armado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) conocido como Clan del Golfo.
Entre los hoy procesados se encuentra el concejal del municipio de San Carlos, Lewis Joel Acosta Soto, quien figuraba como colaborador de esta organización criminal, al facilitar información sobre los operativos que adelantaría la fuerza pública en el territorio.
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Además, la Fiscalía General de la Nación lo acusó de ser intermediario entre el grupo armado y la ciudadanía, en la que sugirió sanciones a los habitantes que incumplían cualquier persona de dicho municipio.
“En el año 2023 empieza a pasar información de la presencia de la fuerza pública; prestaba su billar para que los miembros se reunieran en el lugar. También sugería qué multas se imponían a los habitantes y servía como mediador entre la organización y los ciudadanos”, mencionó la Fiscalía en un comunicado.
Además de Acosta Soto, los otros procesados son Claudia Patricia Espitia Guarne, Jairo Segundo Sánchez Polo, Manuel Santiago Reyes Morales y Nafer José Polo López, a quienes se les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, y no fueron aceptados durante las audiencias judiciales.
Capturan a integrante del Clan del Golfo que amenazó a juez de Santa Marta
De otro lado, la Policía Metropolitana de Santa Marta informó la captura de un presunto integrante del Clan del Golfo, a quien se le imputó el delito de amenaza contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.
Según el reporte oficial, este sujeto estaría detrás de las intimidaciones al Juez Cuarto Penal del Circuito Especializado Itinerante del Distrito, Henry Hernando Ortiz, quien habría sido amenazado en 18 oportunidades por parte de una subestructura de la estructura armada que opera en el departamento de Magdalena.
Incluso, el togado pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) un esquema de seguridad para garantizar el bienestar de su vida y la de su familia. No obstante, el juez denunció que eso no ha sido impedimento para que los criminales sigan atentando contra la integridad del funcionario.
Las autoridades señalaron que las intimidaciones fueron producto de su participación en procesos judiciales contra cabecillas de organizaciones criminales y de narcotráfico, por lo que organismos judiciales alzaron su voz de protesta para que los jueces no sean atemorizados por grupos armados ilegales, ya que este no es el único caso presentado en el territorio nacional.
Una de las amenazas contra el juez Ortiz se produjo en medio de una audiencia virtual realizada el pasado 7 de marzo de 2023, hecho que fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación.
El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, fue dejado a disposición de las autoridades competentes, donde deberá responder por el delito mencionado anteriormente.
Igualmente, las autoridades de la capital samaria notificaron la captura de un presunto integrante del Clan del Golfo que pretendía liderar una ofensiva contra el grupo armado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) en el municipio de Ciénaga, Magdalena.
En el informe oficial se detalla que la captura se produjo en la Troncal del Caribe, donde los uniformados detuvieron al sujeto de 25 años que se movilizaba en un vehículo particular, y al notar una actitud sospechosa, decidieron inspeccionar el automotor, en la que encontraron un revólver marca Colt Trooper Mark III, calibre 38, con seis cartuchos marca Winchester, que portaba sin ninguna autorización.
La Policía señaló que este sujeto sería el segundo cabecilla de la subestructura Sergio Antonio Carrascal Gómez de este grupo armado. “Este individuo habría llegado al municipio de Ciénaga hace dos meses con el fin de hacer frente a la confrontación con el GDO ACSN”, informó la Policía en un comunicado.
También, la institución detalló que este sujeto tenía una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión agravada, por lo que fue dejado a disposición de las autoridades, en la que también deberá responder por el delito de porte ilegal de arma de fuego.
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