
El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Altus Baquero se refirió nuevamente a la decisión del tribunal de abrir una investigación y formular cargos contra el presidente Gustavo Petro y al exgerente de campaña, Ricardo Roa, por la presunta violación de los topes de financiación electoral en la campaña a la presidencia en 2022.
En diálogo con El Espectador, el magistrado enfatizó en que la entidad electoral tiene las facultades para adelantar las investigaciones a la campaña del actual mandatario nacional, aunque reconoce que en ello no se debe involucrar la figura del presidente, aspecto que ha denunciado constantemente el jefe de Estado tanto en actos públicos como en las redes sociales.
“La discusión sobre el tema de la campaña del presidente Gustavo Petro versó sobre dos aspectos fundamentalmente. El primero, relacionado con la competencia del CNE para investigar campañas presidenciales. Es algo absolutamente claro que esa competencia existe. Bajo esta óptica, la Sala se enfocó al estudio de verificar si era competente de investigar la campaña del presidente”, expresó Baquero al citado medio de comunicación.
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No obstante, el magistrado del CNE recalcó que la decisión del tribunal, emitida a inicios del mes de octubre, es de carácter administrativo, por lo que descartó que la decisión afecte el fuero presidencial de Gustavo Petro.
“El CNE sí podía investigar la campaña presidencial, pero no al Presidente. Sobre esto ya la Corte Constitucional había dicho, en un caso sobre el fuero del fiscal general, que ante cualquier investigación fiscal o administrativa, el Congreso tenía que investigarlo, y no una entidad como la Contraloría, por ejemplo”, aseguró.

Altus Baquero también se refirió a los constantes comentarios del primer mandatario contra la decisión emitida por el CNE en contra de su campaña presidencial.
“Dentro de la investigación, el Presidente se podrá defender con todos los instrumentos jurídicos que tiene a su alcance y para eso podrá reflexionar o defenderse (...) aquí no hay ningún golpe de Estado. El Presidente no ha sido derrocado. La corporación es respetuosa de lo que diga el Presidente y lo que hacemos es un llamado a la sensatez y a la cordura para dejar que las investigaciones avancen sin dilaciones de ningún tipo.”, sostuvo.

De igual forma, el togado manifestó que el pasado 8 de octubre, antes de emitir la formulación de cargos, hubo varias discusiones sobre la inclusión o no del actual presidente Gustavo Petro en la formulación de cargos a la campaña presidencial.
“A los magistrados se les advirtió que las decisiones de la Corte Constitucional debían primar porque es una instancia que integra y cierra el ordenamiento jurídico. Es decir, es la última instancia en material constitucional. Lo que había que plantear era un conflicto de jurisdicciones y eso siempre lo soluciona la Corte Constitucional. Si yo hubiera sido el presidente del CNE, yo hubiera planteado ese conflicto para que quedara claro el tema del fuero (...) Echamos de menos que no se hubiera hecho un análisis más exhaustivo sobre el fuero del presidente”, explicó Baquero a El Espectador.
Baquero señaló que, si no se hubiera incluido al presidente en el pliego de cargos, la discusión se centraría en las presuntas irregularidades en su campaña, y no en la posible violación constitucional denunciado por el mandatario colombiano.

Las pruebas ‘contundentes’ para Altus Baquero
Por otra parte, el magistrado del CNE, Altus Baquero, se refirió a las pruebas que, para su concepto, habría merito suficiente para abrir una investigación a la campaña presidencial de 2022.
“Una del Polo Democrático Alternativo, que prestó unos recursos a la campaña, se presentó en el informe inicial y luego se excluyó; y otra de Caracol Televisión por una publicidad que se presentó como pagada en segunda vuelta, pero que realmente correspondía a la primera”, comentó.
Agregó que no hay dudas sobre la decisión de la Sala Plena del CNE frente a las posibles irregularidades cometidas en la campaña del entonces candidato del Pacto Histórico.

“No hay dudas, hay certezas de que realmente había mérito para abrirle la investigación a la campaña y lo hicimos después de analizar las pruebas. (...) Aquí revisamos que hay unos servicios, como préstamos e informes que se presentaron, así como pruebas sobre la segunda vuelta y pago de testigos. Después de nuestro análisis, logramos corroborar los dos aspectos mencionados”, subrayó.
Frente a otros aspectos como los vuelos en avión privado, el pago de la USO, el alquiler del Movistar Arena, entre otros, el magistrado enfatizó: “Eran gastos que ocurrieron el día de la elección, que ya no deberían contar, y también el tema de los vuelos, pero en este caso no hubo suficientes pruebas para corroborar una irregularidad”.
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