La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó que varios generales retirados sean investigados por su posible participación en la expansión del paramilitarismo en el Meta, en el marco del caso relacionado con el exterminio de la Unión Patriótica (UP) en esa región, de acuerdo con información obtenida por la emisora colombiana W Radio.
Entre los principales señalados se encuentra el general en retiro Jaime Humberto Uscátegui, excomandante de la Brigada VII del Ejército.
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El magistrado Gustavo Salazar, encargado de este proceso, consideró que Uscátegui podría haber cometido omisiones graves que facilitaron las acciones violentas de grupos paramilitares, como las Convivir, y posteriormente las masacres cometidas en Mapiripán y Caño Jabón.
Un testimonio clave ante la JEP menciona que un oficial conocido como Barragán sirvió de enlace entre la Brigada VII y las Convivir de El Dorado, lo que permitió la detención y maltrato de personas bajo el pretexto de recolección de información.
El magistrado también compulsó copias para que otros altos mandos militares sean investigados. Entre ellos, el general en retiro Francisco René Pedraza, excomandante de la Brigada VII, y el general en retiro Miguel Pérez Guarnizo, excomandante del Batallón Vargas. Se les acusa de colaborar con los paramilitares, permitiendo que estos grupos operaran impunemente en la región.
En el caso de Pedraza, un testigo reveló que, aunque conocía la ubicación de bases paramilitares, como la de Casibare, ocultó esta información al alto mando del Ejército, a pesar de haber recibido órdenes de bombardearlas. Adicionalmente, se mencionó la relación de Pedraza con el narcotraficante Daniel “El Loco” Barrera, lo que agrava las sospechas sobre sus actividades durante su mando en los años 90.
Por su parte, Pérez Guarnizo fue señalado por exparamilitares, incluidos Dairo Úsuga, alias “Otoniel”, de coordinar con los grupos de Autodefensas en la zona de Granada, Meta.
Según los testimonios, el Batallón Vargas, bajo el mando de Pérez, permitía a los paramilitares establecer retenes y realizar ejecuciones extrajudiciales, trasladando los cuerpos a zonas rurales para evitar aumentar las cifras de homicidios en las cabeceras municipales. Esta práctica era parte de un acuerdo entre Ejército, Policía y paramilitares, según un testigo.
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La JEP también ordenó investigar a otros oficiales retirados, como Mauricio Herrán Martínez, exjefe de inteligencia de la Brigada VII, y Blas Arvelio Ortiz, exgobernador del Vichada y excomandante del Batallón Vargas, por sus posibles vínculos con grupos paramilitares.
Asimismo, se solicitó investigar a varios excomandantes de la Policía del Meta entre 1997 y 1999, quienes podrían haber estado involucrados en el encubrimiento de las actividades de las Autodefensas en la región.
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