Desde una cárcel de máxima seguridad en Colorado, Estados Unidos, Dairo Antonio Úsuga, conocido como alias Otoniel, proporcionó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un listado de colaboradores del Clan del Golfo y grupos paramilitares, según informó Daniel Coronell en La W. Este testimonio ha llevado a la JEP a ordenar la investigación de varios políticos y militares colombianos, algunos de los cuales ocupaban altos cargos en el Gobierno y las Fuerzas Armadas.
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La JEP, a través de los magistrados Gustavo Salazar y Alejandro Ramelli, emitió un auto en el que se compulsan copias para que se inicien las investigaciones pertinentes. Esta decisión marca el inicio de una amplia investigación sobre las conexiones políticas del Clan del Golfo, un grupo criminal que, según alias Otoniel, ha tenido vínculos con ministros de Estado y generales de la República.
El listado entregado por alias Otoniel incluye a 63 políticos, y su divulgación ha generado un gran revuelo en Colombia. La información fue publicada por Coronell, que destacó la urgencia del Gobierno del entonces presidente Iván Duque por extraditar al jefe criminal mientras este proporcionaba detalles sobre sus colaboradores.
La JEP, encargada de investigar y juzgar los crímenes cometidos en medio del conflicto armado colombiano, ha tomado esta información como base para profundizar en las relaciones entre el Clan del Golfo y figuras políticas y militares. Este proceso podría revelar la magnitud de la infiltración de grupos paramilitares en las estructuras del Estado colombiano.
El testimonio de alias Otoniel desde Estados Unidos se considera un elemento clave para esclarecer las redes de apoyo que han permitido la operación de estos grupos armados ilegales. La JEP, al compulsar copias, busca que las autoridades competentes investiguen a fondo las acusaciones y determinen la responsabilidad de los implicados.
La solicitud de la JEP
Entre los señalados a investigar se encuentra Julio Acosta Bernal, exgobernador de Arauca, que habría ordenado el asesinato de su rival político, el congresista Octavio Sarmiento, según su propio testimonio.
La lista también incluye a Milton Rodríguez, exrepresentante a la Cámara por Cundinamarca, quien, de acuerdo con declaraciones de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, habría recibido financiamiento de paramilitares del Casanare. Asimismo, el exsenador Carlos Cárdenas Ortiz es acusado de haber recibido apoyo paramilitar a cambio de respaldar a estos grupos desde el Senado.
Otro de los nombres mencionados es el de Andrés Rueda Gómez, exsecretario de Obras Públicas de Casanare, que supuestamente trabajaba para el Bloque Centauros y fue dirigente de la campaña presidencial de Iván Duque en esa región. También figuran los exgobernadores de Casanare, Miguel Ángel Pérez y William Pérez, así como el excongresista Helí Cala López.
La JEP también ha puesto bajo la lupa al exrector de la Universidad de Cartagena, Sergio Manuel Hernández Gamarra, acusado de utilizar la institución para realizar contratos que beneficiaban a los paramilitares. Además, el diputado de Casanare, Oscar Raúl Iván Flores, es otro de los investigados.
En un esfuerzo por esclarecer estos vínculos, la JEP ha solicitado que se investigue a todos los diputados de la Asamblea del Casanare durante el período 2000-2003. Entre los exfuncionarios locales mencionados se encuentra Alfredo Iván Guzmán Tafur, exalcalde de Tame, Arauca.
Finalmente, la JEP ha extendido su investigación a la cúpula de la Brigada 18 del Ejército, que estuvo al mando entre 2000 y 2006, para determinar su posible implicación en actividades paramilitares.
El paramilitarismo y el gobierno
Colombia enfrenta un desafío persistente con la continuidad de la violencia paramilitar, a pesar de los esfuerzos de desmovilización que comenzaron en 2003. Según informes, algunos grupos paramilitares han evolucionado en nuevas estructuras criminales, manteniendo actividades ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.
Los grupos paramilitares en Colombia surgieron en la década de 1980 como una respuesta a la violencia de las guerrillas, particularmente las Farc y el ELN. En 1997, estos grupos se unieron bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), consolidándose como una organización que agrupaba a varias facciones locales. La relación entre estos grupos y el Estado ha sido descrita como “simbiótica”, con evidencias de colaboración con ciertos actores estatales, incluyendo fuerzas de seguridad y políticos. Esta colaboración se manifestaba en el apoyo a operaciones militares y la protección de intereses económicos.
Los paramilitares han sido responsables de numerosos crímenes, como masacres, desplazamientos forzados y asesinatos selectivos. Estos actos, en muchos casos, se llevaron a cabo con la complicidad o la inacción de las fuerzas de seguridad. En un intento por reducir la violencia, el presidente Álvaro Uribe implementó en 2003 un programa de desmovilización, desarme y reintegración (DDR), que resultó en la desmovilización de más de 31.000 paramilitares. Sin embargo, este proceso también facilitó la reorganización de algunos grupos en nuevas estructuras criminales.
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