La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (UIA) publicó un informe en el que reveló los graves impactos ambientales causados por grupos armados no estatales durante el conflicto en Colombia. Según el informe, estos daños ambientales se registran de forma continua en las zonas bajo control de grupos como el ELN, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, que afectaron severamente la biodiversidad del país. Entre agosto de 2022 y septiembre de 2024, se documentaron 233 incidentes, lo que indica que, en promedio, cada tres días se perpetraba una nueva agresión a la naturaleza.
El documento también destacó que la COP16, que actualmente se celebra en el país, aborda este tema como parte fundamental de la agenda. El informe señaló la relación directa entre el conflicto armado y la devastación ecológica, ya que la explotación ilegal de recursos naturales, la minería y los cultivos ilícitos estuvieron ligados a la actividad de estos grupos.
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El informe detalló que la minería ilegal fue la principal fuente de daño ambiental, representando el 68% de los incidentes, con 151 casos documentados. Le siguieron la tala masiva de árboles, con 42 hechos, y los ataques a la infraestructura petrolera, con 27. Además, hubo 12 incidentes vinculados con la producción de cocaína. Las zonas más afectadas incluían el Bajo Cauca antioqueño y el Cañón del Micay, donde convergían economías criminales como la minería ilegal de oro y los cultivos ilícitos de coca.
El Atrato y el Medio San Juan, especialmente los ríos San Juan y Atrato, también sufrieron graves daños por la minería ilegal. La Corte Constitucional declaró al Atrato como sujeto de derechos en 2016, pero las actividades criminales seguían amenazando sus aguas.
El Clan del Golfo fue señalado como el principal responsable de los daños ambientales. La subestructura Carretera del Frente Jairo de Jesús Durango, en el Atrato, explotando ilegalmente oro, causando deforestación. Desde enero de 2023, esa actividad ilícita provocó la pérdida de al menos 34 hectáreas de selva, con un daño ecológico que podría tardar entre 30 y 40 años en ser reparado.
En el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño, el Clan del Golfo provocó una deforestación significativa al despojar vastas áreas para la extracción de oro. Esta organización impuso regulaciones sobre la tala de árboles, intensificando los problemas de deforestación en lugares como Urabá y Chocó. Las comunidades, particularmente en Carmen del Darién y el Litoral del San Juan, sufrieron coerciones para aumentar los cultivos de hoja de coca, ya que el Clan, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), presionó para cumplir con sus demandas.
El cese al fuego con el ELN había terminado, y la falta de renovación en la mesa de diálogo contribuyó a la crisis. Según el informe de la UIA, esta situación permitió que se registraran ataques a la infraestructura petrolera, lo que generó derrames de crudo. Durante el periodo de alto al fuego, se observó que no se produjeron ataques al Oleoducto Caño Limón-Coveñas, lo que resultó en la prevención del derrame de más de 3.180.000 litros de crudo. Esto benefició a aproximadamente 53.650 habitantes en las áreas circundantes, demostrando cómo la paz era esencial para la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades.
Por último, la organización conocida como Segunda Marquetalia, bajo el mando de alias Iván Márquez, mostró un nivel de actividad ambientalmente destructiva más moderado en comparación con otros grupos. Sin embargo, su involucramiento en la minería ilegal en el Putumayo tuvo consecuencias devastadoras, ya que condujo a la deforestación y a la contaminación de fuentes de agua.
Entre 2022 y 2024, el Frente Comandos de la Frontera deforestó más de 140 hectáreas de selva amazónica, lo que comprometió gravemente el equilibrio ecológico de una de las áreas más ricas en biodiversidad del mundo. Los ríos Caquetá y Putumayo, que sufrieron contaminación por mercurio y otros químicos peligrosos utilizados en la extracción de oro, se convirtieron en un serio riesgo para la salud de las comunidades indígenas y la fauna local. La situación no solo afectó a las personas, también amenazó la supervivencia de numerosas especies en la región, generando un impacto ambiental que podría tener consecuencias a largo plazo.
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