
La Cancillería de Colombia vuelve a estar en la mira del Consejo de Estado, después de que el alto tribunal aceptara una demanda interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho por la emisión de una resolución que entregó beneficios a los diplomáticos del país.
Se trata de la resolución conjunta 20243040002785 de 2024 que permite a las autoridades de tránsito asignar espacios en vías públicas para el uso exclusivo de vehículos diplomáticos y consulares. El documento fue emitido por la Cancillería y el Ministerio de Transporte y, además, exige que se reconozcan las licencias de conducción de extranjeros vinculados a misiones diplomáticas y organizaciones internacionales acreditadas en el país.
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Sin embargo, la Fundación para el Estado de Derecho presentó una demanda, argumentando que Leyva no tenía la competencia legal para suscribir dicha resolución, ya que estaba suspendido por la Procuraduría en ese momento.
Según los argumentos de los demandantes, el 24 de enero de 2024, la Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional del entonces canciller Álvaro Leyva debido a una investigación por presuntas irregularidades en un contrato de pasaportes.

A pesar de esta suspensión, el 30 de enero del mismo año, Leyva, junto con el entonces ministro de Transporte, William Camargo, emitió la resolución conjunta que autorizaba zonas de parqueo exclusivo para vehículos diplomáticos y consulares.
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El magistrado Germán Eduardo Osorio Cifuentes admitió la acción judicial, que cuestiona la validez del acto administrativo debido a la falta de competencia de Leyva. La demanda también solicita una medida cautelar para suspender la resolución, argumentando que ya está produciendo efectos al disponer de zonas de parqueo en virtud de la misma.
“La Resolución No. 202430400002785 del 30 de enero de 2024, proferida por el señor Álvaro Leyva Durán en el periodo de suspensión provisional, vulnera de forma ostensible los requisitos de validez del acto administrativo, por cuanto carecía de aptitud legal para manifestar válidamente la voluntad estatal, razón por la cual, el acto administrativo adolece de falta de competencia”, señala la demanda.
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La suspensión de Leyva fue confirmada por la Procuraduría el 7 de febrero, aunque el entonces canciller acató la suspensión provisional solo después de recibir la notificación oficial.
La controversia en torno a la suspensión de Leyva generó un debate entre el gobierno y la Procuraduría. El presidente Gustavo Petro criticó la actuación de la Procuraduría en otros casos relacionados con gobiernos anteriores, cuestionando la falta de medidas similares en situaciones previas.
El consejero ha notificado a los Ministerios de Transporte y Relaciones Exteriores, a la Procuraduría y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para que participen en el proceso de demanda y presenten sus argumentos.
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En qué consiste la resolución emitida por la Cancillería y el Ministerio de Transporte para dar beneficios a los diplomáticos

La resolución emitida el 30 de enero de 2024 decretó que las licencias de conducción extranjeras para el personal diplomático en Colombia serán reconocidas durante su estancia autorizada, según ladirectriz conjunta de los ministerios de Relaciones Exteriores y Transporte. Este documento también establece normas para el estacionamiento exclusivo de vehículos diplomáticos y consulares en la vía pública.
De acuerdo con la resolución, las autoridades de tránsito podrán asignar espacios de estacionamiento en áreas públicas para el uso exclusivo de vehículos de servicio diplomático o consular. Esta medida busca facilitar la movilidad y el estacionamiento de estos vehículos en zonas cercanas a las instalaciones de las misiones diplomáticas o consulares, siempre que las condiciones locales lo permitan.
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Para solicitar estos espacios, los jefes de misiones diplomáticas o consulares deben presentar una solicitud ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, acreditando la reciprocidad. Este ministerio gestionará la asignación y demarcación de las zonas especiales de estacionamiento ante la autoridad de tránsito competente.
La implementación de señalización vial en estas zonas de estacionamiento deberá seguir las directrices establecidas en la Resolución 1885 de 2015, o en cualquier norma que la modifique, adicione o sustituya. Esta señalización es crucial para garantizar el uso exclusivo de estos espacios por parte de los vehículos diplomáticos.
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