
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente a la decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que le formuló pliego de cargos por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial en 2022.
En esta ocasión, el mandatario replicó las declaraciones del abogado Jaime Granados Peña, conocido por asesorar jurídicamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez y una de las voces de oposición al actual jefe de Estado, quien en diálogo con el medio de comunicación Portal de Opinión, mencionó que el CNE no tiene la facultad constitucional para investigar al mandatario por estos hechos.
PUBLICIDAD
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
“Si el estudio de la información que recaudó el Consejo encontró mérito para abrir una investigación por la campaña que ganó, pues lo puede hacer. Lo que sí creo es que lo que no puede hacer es formular pliego de cargos contra quien ostente la primera magistratura de la Nación, sea quien sea la persona, porque esa es competencia privativa de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes”, expresó el jurista.

Ante ello, el presidente Gustavo Petro volvió a lanzar cuestionamientos al órgano electoral, al considerar que existe un riesgo de querer despojarlo de su investidura presidencial, por medio de un supuesto golpe de Estado.
PUBLICIDAD
“Hasta abogados de la oposición muestra el prevaricato del CNE. Pero este prevaricato tiene un sentido: realizar el golpe de Estado paralamentario (sic). Con un delito comienza y es en sí mismo un delito”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Jaime Granados no ha sido el único penalista que se ha referido a la investigación del presidente Gustavo Petro en el Consejo Nacional Electoral. Otro de los abogados que también ha tenido diferencias políticas con el actual jefe de Estado es Iván Cancino, señalando que el CNE no tiene la potestad legal para investigar al mandatario nacional, y sostiene que lo que produjo la decisión fue que el presidente posará su imagen de víctima ante la comunidad internacional.
PUBLICIDAD
“Lograron victimizar al presidente. La noticia ya no es lo grave de pasarse en 5.000 millones, sino en que violaron las garantías del presidente en ejercicio. Se viene Comisión Interamericana. Era fácil: no mencionar al presidente en el comunicado ni en el pliego y haber compulsado copias. Ahora, si el CNE no quiso decir lo que dijo que corrija de inmediato”, mencionó Cancino en sus redes sociales.
Recalcó que “el CNE no puede investigar o formular pliego de cargos contra Gustavo Petro mientras sea presidente. La única autoridad que puede investigar al presidente en ejercicio es la Comisión de Acusaciones (del Congreso)”, y aseguró que, más allá de su postura política, que es contraria a la del primer mandatario, “las garantías no son selectivas. La constitución es de todos y para todos los colombianos”.
PUBLICIDAD

Gustavo Petro pidió denunciar a magistrados del CNE por prevaricato
Luego de que se conociera el pliego de cargos que el Consejo Nacional Electoral formuló en contra del presidente de la República, Gustavo Petro, y al gerente de campaña, Ricardo Roa, por supuestas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial.
Según el documento, tanto el mandatario como el actual presidente de Ecopetrol omitieron aportes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) por valor de 500 millones de pesos, así como el pago a testigos electorales por un valor de $931.290.000.

Frente a ello, el mandatario salió en sus redes sociales a cuestionar lo estipulado por el CNE, y manifestó que esto configura una violación a los estatutos del Estado Social de Derecho establecidos en la Constitución Política del país.
PUBLICIDAD
“El documento al expresar, con firma de funcionarios, que se ha investigado al presidente de la república, rompe por completo el Estado de derecho, la Constitución Nacional y el bloque de constitucionalidad, por la ruptura fragrante de la Convención Americana, que el Consejo de Estado, guardián de esa convención, desde que era alcalde de Bogotá, nunca debió permitir”, expresó el mandatario en su cuenta de X.
Y agregó que “el pueblo colombiano queda facultado legítimamente para actuar, como lo decida, contra el golpe de Estado (...) Los funcionarios firmantes (Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, César Lorduy, presidente del CNE y el vicepresidente Cristian Quiróz) están incursos en el delito de prevaricato por acción con dolo”.
PUBLICIDAD

Más Noticias
Contraloría alerta caída del 32 % en inversión ambiental y fallas en planes climáticos
El organismo advirtió problemas en la ejecución de recursos y señaló que, aunque 30 departamentos tienen planes de gestión climática, apenas 13 reportan avances verificables

Congreso aprobó la ley de sometimiento de Abelardo de la Espriella: así serán las rebajas de penas para criminales
El proyecto contempla reducciones de hasta el 50% para integrantes de base y del 30% para cabecillas de organizaciones criminales. Los responsables de reclutar menores quedarán excluidos de los beneficios

Gobierno Petro destinó cerca de $28.000 millones a programa de energía solar, pero ninguna comunidad recibió las obras
La financiación se concentró en capacitaciones, estudios técnicos y creación de empresas comunitarias. La construcción de las plantas solares dependía de una segunda fase cuyos recursos nunca fueron aprobados, por lo que los proyectos quedaron sin ejecutar

Senado reeligió por octava vez a Astrid Salamanca: seguirá al frente de un presupuesto de $490.000 millones
La funcionaria recibió 96 votos a favor y uno en blanco tras la sesión en la que la plenaria aprobó el texto de la ley de sometimiento. El nuevo periodo completará 16 años de permanencia en la Dirección Administrativa de la corporación

JEP imputó a ‘Timochenko’, ‘Pastor Alape’ y otros nueve excomandantes de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad
La investigación documentó patrones de violencia ejercidos por los bloques Magdalena Medio y Caribe, entre ellos desplazamientos forzados, masacres, desapariciones y ataques contra la población civil. Los comparecientes deberán reconocer o rechazar los hechos antes del 8 de diciembre de 2026




