Allanamiento a la casa de María Alejandra Benavides, exasesora de Min Hacienda por el caso de la Ungrd

Días después de un allanamiento en la casa de la madre de María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, ella y su familia recibieron amenazas a través de mensajes de WhatsApp.

El mensaje advertía sobre los riesgos de declarar y convertirse en testigo en el caso de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La situación ha llevado a Benavides y su abogado a solicitar medidas de protección ante la Fiscalía.

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El allanamiento, ordenado por el magistrado Misael Fernando Rodríguez, presidente de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, tenía como objetivo encontrar pruebas de corrupción relacionadas con la entrega de contratos por 92.000 millones de pesos a congresistas de la Comisión de Crédito Público.

Estos contratos habrían sido otorgados a dedo para asegurar la aprobación de empréstitos necesarios para el Gobierno. Durante la operación, más de diez funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) y de la Policía incautaron documentos y equipos en la residencia ubicada en el norte de Bogotá.

El procedimiento generó controversia debido a que los investigadores llegaron armados, un hecho que llamó la atención dado que en la casa solo se encontraban Benavides y dos adultas mayores. Fue calificado como un exceso de fuerza.

Aunque el magistrado Rodríguez negó su participación directa en el allanamiento y el uso de armas, fuentes aseguraron, al medio ya mencionado, que su presencia en actos de investigación es habitual, dada su experiencia previa como investigador del CTI.

El abogado de Benavides, Jaime Andrés López, emitió un comunicado rechazando las amenazas y reafirmando el derecho de su clienta a guardar silencio. Sin embargo, la posibilidad de que Benavides se convierta en testigo clave en el caso no está descartada, ya que su testimonio podría esclarecer las supuestas reuniones y compromisos corruptos con los congresistas mencionados por Olmedo López y Sneyder Pinilla.

El escándalo de corrupción en la Ungrd ha puesto en el centro de la investigación a varios congresistas y funcionarios, y el desarrollo de este caso sigue siendo de gran interés público. La participación de Benavides podría ser crucial para desentrañar los detalles de las operaciones irregulares que se investigan.

Sneyder Pinilla investigado por presunta injerencia política durante elecciones en Santander

Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), enfrenta cargos por presunta participación indebida en política, según informó la Procuraduría General de la Nación.

El exfuncionario habría apoyado a Darío Buchenicow Caballero, candidato a la alcaldía de Sabana de Torres, en el departamento de Santander, durante las elecciones regionales de 2023, mientras aún ocupaba su cargo en la Ungrd.

De acuerdo con la Procuraduría, Pinilla viajó a Sabana de Torres dos días antes de las elecciones sin contar con la autorización necesaria para desplazarse fuera de su sede de trabajo. Esta acción, según el organismo, no estaba relacionada con sus funciones oficiales, lo que sugiere un uso indebido de su posición para influir en el proceso electoral.

El ente de control también destacó que Pinilla utilizó su cuenta de Facebook para publicar contenido en apoyo al candidato Buchenicow Caballero. En sus publicaciones, el exfuncionario incluyó frases como “nos tomamos Sabana de Torres” y “volvimos con más fuerza”, lo que refuerza la acusación de participación política.

La Procuraduría ha señalado que estas acciones podrían constituir una violación de las normas que regulan la conducta de los servidores públicos en Colombia, quienes tienen prohibido participar en actividades políticas mientras ejercen sus funciones. La investigación busca determinar el alcance de la participación de Pinilla y las posibles sanciones que podría enfrentar.

Este caso resalta la importancia de mantener la imparcialidad de los funcionarios públicos en procesos electorales, asegurando que no se utilicen recursos o influencias del Estado para favorecer a candidatos específicos. La Procuraduría continúa con el proceso para esclarecer los hechos y tomar las medidas correspondientes.