Ministerio de Educación anunció revisión del modelo de salud de maestros: Fiduprevisora presentará un informe

El Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Educación, anunció una inminente revisión de los avances del nuevo esquema de salud para los maestros. De acuerdo con el jefe de cartera, Daniel Rojas, en la tercera semana de octubre se llevará a cabo una reunión clave en la que se evaluarán los resultados del modelo que busca optimizar los servicios de salud para el magisterio en todo el país.

El ministro destacó que uno de los pilares fundamentales del nuevo modelo es fortalecer la atención primaria, a centrar los esfuerzos en la prevención de enfermedades antes que en su tratamiento. Asimismo, buscan que los servicios sean prestados tanto por instituciones prestadoras de salud (IPS) públicas como privadas, extendiendo la cobertura a nivel nacional.

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“Nosotros hemos estado muy pendientes para que la Fiduprevisora sea muy juiciosa con el cambio de modelo, queremos que los maestros puedan tener atención primaria en la prevención de la enfermedad y no en la cura, y que se pueda contratar además de la red privada, con la red pública”, declaró Rojas, de acuerdo con Caracol Radio.

El Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) fue citado para evaluar los avances logrados por la Fiduprevisora, entidad encargada de administrar los recursos del sistema de salud de los maestros. Esta convocatoria responde a la necesidad de tener una visión clara de los resultados obtenidos hasta la fecha, considerando que transcurrió un tiempo suficiente desde la implementación del nuevo esquema.

De qué se trata el nuevo modelo de salud para el magisterio

El nuevo modelo de salud para los académicos del país fue una iniciativa del Gobierno nacional destinada a mejorar la prestación de servicios de salud para miles docentes y sus beneficiarios, afiliados al sistema de salud del magisterio. El modelo, puesto en marcha en mayo de 2024, busca garantizar atención integral y de calidad sin intermediarios, enfocándose en la humanidad y el compromiso hacia los beneficiarios.

Este esquema incluye una red nacional con más de 3.000 prestadores de salud en los 32 departamentos del país, donde se integran tanto instituciones de atención primaria como centros especializados. Los docentes no deben asumir costos adicionales por servicios médicos, ya que el Plan de Atención Básico, copagos, cuotas moderadoras y transporte están cubiertos por el Fomag.

El modelo también garantiza atención prioritaria a los afiliados con enfermedades crónicas o de alto costo, asegurando la continuidad de la atención a través de centros de atención primaria y prestadores de segundo nivel.

Con esta transición, se buscaba ofrecer un servicio de salud más eficiente y respetuoso para los maestros, eliminando intermediarios y garantizando una mejor atención a sus necesidades en todo el país. No obstante, con la implementación del nuevo modelo, surgieron protestas por parte de los usuarios, que expresaron su descontento debido a problemas como la falta de prestación de servicios, dificultad para encontrar medicamentos y otros inconvenientes similares.

Contraloría reveló hallazgos fiscales en el Fomag

El miércoles 9 de octubre la Contraloría reveló los resultados de una auditoría financiera realizada al Fomag, en la que se identificaron 17 hallazgos fiscales correspondientes a la vigencia de 2023. De estos, 14 tienen posible incidencia disciplinaria, uno tiene repercusiones penales y seis presentan implicaciones fiscales, por un valor total de $84.898 millones.

El hallazgo más significativo es la destinación indebida de $68.101 millones del Fomag para el pago de una sanción moratoria y una indemnización por cesantías, lo que generó un detrimento fiscal, ya que los recursos de fondo son de destinación específica según la Ley 1995 de 2019.

Otros hallazgos incluyen el pago inoportuno de cesantías e intereses moratorios por más de $12.410 millones, así como pagos de mesadas a docentes fallecidos y con certificados de supervivencia vencidos. La Contraloría también señaló una presunta corresponsabilidad de la Fiduprevisora y entidades territoriales en estos hechos, y urgió la implementación de mecanismos que garanticen un manejo más eficiente de los recursos públicos.