El polémico caso del edificio Aquarela en Cartagena dio un giro importante tras una decisión judicial que rechaza una acción de tutela interpuesta por los constructores en contra de la Alcaldía de Cartagena. La obra, que enfrentó problemas legales y un proceso de desmonte progresivo desde el 22 de marzo, continúa bajo la supervisión de las autoridades distritales para proteger los derechos de los inversores y residentes afectados por el proyecto.
La controversia comenzó cuando el distrito, a través de la Dirección de Control Urbano, tomó posesión de las oficinas de la constructora en Medellín y embargó sus bienes el 22 de abril. Esta acción, liderada por Emilio Molina, tenía como objetivo resguardar los intereses de los damnificados por el fallido proyecto. Desde entonces, la alcaldía mantuvo un seguimiento cercano para asegurar la aplicación de las normativas de urbanismo y velar por la integridad de quienes habían invertido en Aquarela.
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El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, explicó que las medidas de embargo fueron preventivas y tienen como propósito proteger a los compradores de Aquarela. “Con la toma de posesión de los negocios y bienes de la constructora, se busca preservar los derechos de los inversionistas y el acceso a una vivienda digna”, sostuvo Turbay, que reiteró que la decisión se centró en garantizar un orden económico y social adecuado.
En este contexto, la Administración local nombró a Ángel Rodríguez Sánchez como agente especial de la empresa, con el fin de evaluar su estado y decidir entre administrarla o proceder a su liquidación. Rodríguez también se encargará de velar por los derechos de los inversores y acreedores perjudicados. Sin embargo, los representantes de la Promotora Calle 47, empresa responsable de Aquarela, respondieron con una tutela ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de Cartagena, solicitando detalles sobre la intervención y pidiendo acceso a informes y conceptos emitidos por la Dirección de Control Urbano.
En respuesta, el juzgado, en un fallo liderado por la jueza Ingrid Elena Reyes Palmera, decidió denegar la tutela y reiterar que el agente especial no tiene la obligación de proveer la información solicitada por la promotora, dado que, tras la intervención, sus derechos quedaron sujetos a las disposiciones del Distrito. “Negar el amparo al derecho fundamental de petición y al acceso a la información pública… promovida por Promotora Calle 47 S.A.S. en contra de Ángel Alberto Rodríguez Sánchez”, estableció el fallo, desvinculando además a la Alcaldía y otras entidades gubernamentales como la Dian y la Superintendencia de Sociedades, entre otras.
La jueza también determinó que la intervención implica ciertas limitaciones para la empresa, y que el hecho de que el agente especial no les brinde la información solicitada no constituye una violación de derechos. Así, el distrito y las entidades encargadas continúan avanzando en el proceso de desmonte y protección de los afectados por el proyecto, quienes se vieron perjudicados no solo por la demora en la entrega del edificio, también por el impacto que tuvo en sus vidas.
El plan para demoler
El plan de demolición del edificio Aquarela, ubicado cerca del Castillo de San Felipe en Cartagena, se encuentra en una etapa crucial, tras años de advertencias de la Unesco sobre su impacto negativo en el estatus de Patrimonio de la Humanidad de la ciudad. El Ministerio de Cultura ya cuenta con un estudio de 10 meses realizado por la consultora Sociedad Proyectos Urbanos del Caribe, que propone la implosión como el método más eficaz. Esta alternativa reduciría el tiempo de demolición a 131 días, superando a la opción del corte diamante, que es más costosa y requiere desmontar el edificio piso a piso.
El análisis evaluó factores como el impacto ambiental, riesgos logísticos y costos. Durante el proceso, se prevén actividades de socialización, registros de vecindario y trabajos preliminares para minimizar riesgos en las áreas patrimoniales cercanas. La Unesco, por su parte, instó a Colombia a resolver los asuntos judiciales pendientes y a presentar un informe actualizado antes del 1 de diciembre de 2024. Este ultimátum busca garantizar que Cartagena mantenga su estatus de Patrimonio de la Humanidad y evite seguir el mismo destino que Liverpool, que perdió su título en 2021.
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