En el oriente de Antioquia, las autoridades han reportado aproximadamente 150 homicidios en lo corrido del 2024. Ante esta crisis de orden público, el jueves 3 de octubre de 2024, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, hizo presencia en Marinilla, en la Mesa Estratégica de Seguridad, para abordar esta problemática que genera consternación en la comunidad.
La preocupación que se vive en la región ha llegado a niveles nacionales. En este encuentro, los congresistas y los 23 alcaldes de la subregión subrayaron la necesidad inmediata de una intervención por parte del Gobierno Nacional, de la mano con los gobiernos departamentales y locales.
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Luego de que varios mandatarios manifestaran su inconformidad frente a la situación, el ministro Velásquez confirmó que las Fuerzas Militares tienen la intención de fortalecer y extender el control legal y efectivo en el territorio, esto como consecuencia de la presencia de grupos armados organizados y el aumento de la extorsión. El funcionario propuso una nueva reunión en menos de 40 días con la cúpula militar y entes territoriales para “concentrarse en concreto en las medidas que podrían adoptar luego del conocimiento particularizado que se obtiene de esta mesa”.
El alcalde de Marinilla, Julio Serna, se refirió a la necesidad de aumentar el accionar militar, además de la llegada de nuevos recursos económicos de la Nación. El mandatario local aprovechó para enviarle un mensaje al presidente Gustavo Petro. “La Paz de la mano de la autoridad, pero también de la inversión de recursos”, dijo.
De acuerdo con las autoridades, las cifras que se presentan en materia delictiva son comparables con las de hace 20 años. Actualmente, se han registrado dos masacres en Rionegro y Cocorná, ambas fueron, presuntamente, ejecutadas por el grupo ilegal conocido como El Mesa. La fuerza pública ha logrado destruir seis laboratorios de droga e intervenir ocho entables de minería ilegal en Argelia, Alejandría, Nariño y Sonsón.
El coronel Carlos Andrés Martínez, comandante de la Policía Antioquia, resaltó estos diálogos, afirmando que es vital la participación ciudadana para contrarrestar el actuar delincuencial en la zona.
“La comunidad va a ser muy importante porque esto da fortaleza a la gobernanza de la seguridad, o sea, todas las instituciones del Estado de sectores en función de entender muy bien el territorio, pero más aún de generar acciones dentro de la política pública que van a beneficiar a las comunidades”, destacó.
En esta zona del departamento de Antioquia hay presencia de estructuras criminales como el Clan del Golfo, El Mesa, Los Pachelly o Los Chatas, este último con acciones ilegales también en el Valle de Aburrá, pretendiendo extender su accionar delincuencial en más regiones del país.
“Donde estamos extendiendo invitación al Congreso Nacional para la paz con el fin de poder conocer, cuáles son esas políticas nacionales políticas departamentales y políticas territoriales que nos ayuden a salvaguardar la vida y el patrimonio de todos los antioqueños”, aseguró el senador antioqueño Nicolás Echeverri, miembro de la Comisión II y citante a esta Mesa de Seguridad, resaltando la importancia de este espacio con las autoridades departamentales y nacionales.
Otra de las razones de este Consejo de Seguridad es el incremento del 100% de los delitos en los primeros 8 meses del 2024, en comparación con el año anterior en municipios como Guatapé, El Retiro, El Peñol y Sonsón.
La crítica situación se debe a la disputa entre las bandas criminales locales por el control de rentas ilícitas, pero también por la incursión de grupos armados ilegales que ha agravado la problemática en materia de seguridad en la subregión antioqueña.
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