El 4 de octubre de 2024, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación de manera anónima una queja contra el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, por entregar al presidente de la República, Gustavo Petro información correspondiente a la adquisición del software israelí Pegasus durante la administración de Iván Duque.
En la solicitud, los demandantes exigieron que el funcionario sea investigado y suspendido de su cargo mientras avanzan las indagaciones de las autoridades encargadas.
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Después de darse a conocer la noticia, el jefe de Estado explotó contra la Procuraduría, asegurando que la demanda es una clara declaración de intenciones para relevarlo del puesto de presidente de Colombia. “Esta es toda una intención de acabar con la figura presidencial en Colombia”, escribió en su cuenta de X.
De igual manera, aseveró que la solicitud presentada al órgano de control es un claro impedimento a las acciones del Ejecutivo y de sus subordinados. “¿A qué presidente de Colombia intentan impedirle que sus subalternos entreguen los informes que ponen en peligro la seguridad nacional y los derechos humanos de los colombianos?”.
A su vez, el gobernante de los colombianos se despachó contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por sancionarlo con una multa de cinco salarios mínimos ($6.500.000), que debe pagar en un plazo de diez días por desacatar nombramientos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
“¿A qué presidente de Colombia habían fallado en desacato?, ¿a cuál presidente de Colombia le habían quitado su competencia constitucional en servicios públicos?”.
En ese sentido, aseguró que nunca en la historia del país a un presidente lo habían acusado así, además de que no se había visto que le retirarán al presidente su poder para ejercer control sobre los servicios públicos en el territorio nacional.
El presidente Petro también se despachó contra el Consejo de Estado que permitió al Consejo Nacional Electoral (CNE) le retirara el fuero constitucional. “¿A qué presidente de Colombia lo habían desaforado inconstitucionalmente?”, explicó refiriéndose a la perdida del privilegio que se les da a ciertos funcionarios de alto rango y que consiste en que las acusaciones en su contra se tramitan por un procedimiento especial.
En su publicación, Petro aclaró que las investigaciones en su contra afectan de manera directa la elección de los colombianos en los comicios presidenciales de 2022, en los que resultó ganador. Así mismo, sostuvo que tener a los órganos de control ejerciendo presiones en su contra demuestra que existe una parte del país que no cree en la democracia.
“Hay que decir la verdad, a pesar de que el voto popular se expresó, hay una parte de la sociedad y del estado que no admite un presidente progresista, para ellos la democracia son solo palabras vacías” se lee en sus redes sociales.
¿En qué va la investigación a la campaña Petro Presidente?
En la última reunión del CNE del 30 de septiembre de 2024 se volvió a aplazar la reunión en la que los magistrados darían un veredicto sobre la aprobación o no de la ponencia para iniciar una indagación formal contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022, bajo la presunta violación de los topes económicos permitidos para la financiación de las elecciones.
Durante la discusión, el presidente Gustavo Petro también sorprendió la reincorporación al caso del el magistrado Altus Baquero, luego de que la Corte Constitucional ratificara que sí contaba con la expertiz para participar en la investigación.
Así las cosas, Baquero solicitó al CNE un plazo de dos semanas para ponerse al día y estudiar el documento presentado por los magistrados Álvaro Hernán Prada y César Lorduy, que fueron acusados de ser imparciales en la investigación contra Gustavo Petro.
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