En el municipio de Carurú, ubicado en el departamento de Vaupés, una operación conjunta entre el Ejército Nacional de Colombia y la Policía Nacional resultó en la captura in fraganti de dos individuos acusados de participar en el reclutamiento forzado de menores, principalmente niños indígenas mayores de 14 años.
El despliegue del operativo se llevó a cabo dentro del Plan de Campaña Ayacucho, con la participación de tropas de la Cuarta División y la Trigésima Primera Brigada de Selva, pertenecientes al Batallón de Selva Coronel José Dolores Solano.
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Los detenidos facilitaban encuentros clandestinos entre menores y miembros de grupos armados organizados, con el objetivo de adoctrinarlos y llevarlos a las filas de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), específicamente al frente primero Armando Ríos en el departamento del Guaviare.
La captura se dio cuando los criminales intentaban subir a un menor de edad en una embarcación motorizada para trasladarlo a un destino desconocido. La víctima, engañada con promesas de una alta remuneración, fue rescatada por los uniformados y se encuentra bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde se le están restituyendo sus derechos. La institución espera que en los próximos días se pueda reunir con sus familiares.
Según el informe preliminar, los retenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales y enfrentarán cargos por reclutamiento ilícito, un delito que conlleva penas de ocho a 15 años de prisión.
La captura de estos dos sujetos en flagrancia refleja la problemática a la que se enfrentan varios departamentos del país, en particular, el reclutamiento de menores y jóvenes indígenas por parte de grupos armados, que continúa siendo una grave preocupación en Colombia.
En el primer semestre de 2024, la Defensoría del Pueblo reportó 159 casos de niñas, niños y adolescentes (NNA) víctimas de reclutamiento forzado. De estos, 125 se registraron en el departamento del Cauca, seguido por Arauca, con ocho casos; Nariño y Putumayo, con siete cada uno; Norte de Santander, con cinco; Cundinamarca, con tres; y Amazonas, Guaviare, Huila y Vaupés, con uno en cada región.
El 51% de los casos corresponde a menores de pueblos indígenas, mientras que el 31% no pertenecen a ningún grupo étnico, el 5% provienen de comunidades afrocolombianas, y en el 13% de los casos, no se cuenta con información detallada.
La Defensoría del Pueblo advirtió sobre un posible subregistro, ya que muchas personas no denuncian por miedo a represalias de los grupos armados ilegales. Este temor incluye ser víctimas de desplazamientos, amenazas o incluso homicidios, lo que podría elevar significativamente las cifras reales de menores reclutados en el país.
Con respecto a los grupos armados, las disidencias de las Farc y el Ejército Popular de Liberación (EPL) son los que más reclutan en Colombia, con el 78% de los reportes. Tras ellos se encuentra la categoría de no determinado, con 16%, indicó el informe de la Defensoría.
Mientras que, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se encuentra en tercer lugar con 4%; los grupos posdesmovilización de las AUC como AGC-Clan del Golfo, Bloque Virgilio Peralta Arenas (Caparros) son responsables del 2% de los casos.
Las cifras reflejan que “el reclutamiento tiene un impacto diferencial en el territorio nacional, que además se ve determinado por condiciones socio demográficas y étnicas”. Además, este tipo de hechos constituyen “una violación al derecho internacional humanitario”, puntualizó el documento.
Debido a esto, la entidad hizo un llamado para que, “las estructuras armadas al margen de la ley no continúen, bajo ningún pretexto, reclutando niñas, niños y adolescentes; y también para que el Estado proteja las infancias y tome medidas para prevenir un mayor aumento de esta problemática”.
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