Testigo acusó a millonario empresario estadounidense de la muerte de un sindicalista en Colombia: “Nos dijo que tenía orden de asesinar a todos los directivos del sindicato”

El exparamilitar Jairo Jesús Charris ha implicado a varios exdirectivos de la multinacional Drummond en el asesinato del sindicalista Gustavo Soler Mora en 2001.

Según declaraciones obtenidas por La W, Charris, quien fue jefe de seguridad de la empresa ISA, contratista de alimentos de Drummond, y mano derecha de Jaime Blanco Maya, afirmó que el crimen se planeó en una reunión el 6 de marzo de 2001.

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En dicha reunión, según Charris, participaron James Atkins, exjefe de seguridad de Drummond, y Jaime Blanco Maya, dueño del contrato y testigo principal en el expediente que tiene al actual presidente José Miguel Linares y al expresidente Augusto Jiménez, en fase de juicio.

Durante el encuentro, Atkins habría transmitido una orden directa de Gary Drummond para eliminar a todos los directivos del sindicato Sintraminenergética, debido a que la compañía enfrentaba dificultades en la venta de carbón en los mercados internacionales, atribuidas a las acciones del sindicato.

“Ese día del 6 de marzo del año 2001, el señor James Atkins, nos dijo a Jaime Blanco Maya y a Jairo Jesús Charris Castro, que tenía orden directa del señor Gary Drummond de asesinar a todos los directivos del sindicato de la multinacional Drummond, que la compañía estaba pasando por un mal momento en la venta de carbón a los mercados internacionales por culpa del sindicato de la Drummond que estaban bajando la producción del carbón y muchas voladuras a los trenes de la compañía Drummond por la supuesta relación que tenía el sindicato de la Drummond con la guerrilla de las Farc”, aseguró.

Charris detalló que la orden de asesinato se justificó por la supuesta relación del sindicato con la extinta guerrilla de las Farc, lo que, según él, estaba afectando la producción de carbón y provocando ataques a los trenes de la compañía.

Estas declaraciones forman parte de un proceso penal en el que se investiga la presunta financiación de Drummond a los paramilitares en el Cesar y la participación de sus directivos en el asesinato de sindicalistas.

El testimonio de Charris es crucial en el expediente que tiene en juicio al actual presidente de Drummond, José Miguel Linares, y al expresidente Augusto Jiménez. La gravedad de las acusaciones radica en la implicación directa de altos mandos de la empresa en actos de violencia contra los líderes sindicales.

Este caso ocurre en medio de una serie de investigaciones sobre la relación entre empresas multinacionales y grupos paramilitares en Colombia, un tema que ha generado gran controversia y atención mediática. Las declaraciones de Charris ante la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) podrían tener implicaciones significativas para Drummond y sus directivos, así como para la comprensión de la violencia sindical en el país.

“El señor Charris Castro manifestó que Jaime Blanco Maya participó junto a él en una reunión con James Lee Atkins el 6 de marzo de 2001 en la base paramilitar de San Ángel. Según Charris, la reunión que inició a las 9:30 de la mañana y duró dos horas, tuvo como objetivo concretar el plan criminal contra los líderes sindicales Orcasita, Locarno y Gustavo Soler Mora. Allí se acordó que alias Tolemaida daría la orden al comandante de los urbanos, alias ‘Adinael’”, citó la JEP.

Otros detalles revelados en la JEP

Según Charris, los asesinatos de Valmore Locarno y Víctor Orcasita, ocurridos el 12 de marzo de 2001, fueron aprobados por el presidente de la compañía en ese momento, Augusto Jiménez, y otros directivos.

Charris afirmó que en la reunión del 6 de marzo se distribuyeron las tareas entre los directivos de Drummond para llevar a cabo los asesinatos. Luis Carlos Rodríguez, coronel retirado y jefe de seguridad de la mina La Loma, fue encargado de informar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) sobre los movimientos de Locarno y Orcasita, utilizando la clave “dos pelotas” para indicar que los sindicalistas estaban en camino.

El testigo también mencionó que desde Mike Tracy, presidente mundial de operaciones de Drummond, hasta otros directivos como Alfredo Araújo y Rafael Peña Ríos, estaban al tanto del plan. Según Charris, la fecha del 12 de marzo fue elegida porque ese día se programó una reunión en las oficinas del jefe de recursos humanos, Pedro Maya, para tratar las exigencias del sindicato, con el objetivo de que Locarno y Orcasita fueran asesinados al salir de la reunión.

Además, Charris aseguró que James Atkins entregó verbalmente los nombres de los sindicalistas que debían ser eliminados a Jaime Blanco, enlace con los paramilitares. También señaló que Jorge Garzón, jefe de seguridad de los trenes de Drummond, promovió la contratación de las AUC para vigilar la línea férrea de Drummond hasta Santa Marta.

El testimonio de Charris también incluyó detalles sobre un plan de estigmatización contra los sindicalistas, liderado por Augusto Jiménez y Alfredo Araújo, que consistía en la difusión de panfletos que acusaban al sindicato Sintramienergética de tener vínculos con Simón Trinidad y las Farc. Estos panfletos fueron impresos en Bosconia y distribuidos seis meses antes de los homicidios.

En respuesta a estas declaraciones, Drummond calificó las acusaciones de infundadas y mentirosas, y reiteró que Charris había intentado extorsionarlos en el pasado. La compañía aseguró que ninguno de sus directivos estuvo implicado en las reuniones mencionadas por Charris y que siempre han mantenido una buena relación con sus trabajadores.

La JEP ha respaldado parcialmente los aportes de Charris a la verdad, concediéndole el beneficio de libertad condicional en dos de sus tres procesos. Los magistrados destacaron que la información proporcionada por Charris podría fortalecer las investigaciones en curso contra directivos de Drummond, en particular Alfredo Araújo y Jaime Blanco Maya, por el homicidio de Gustavo Soler Mora.