
El Gobierno nacional está próximo a nombrar a su nuevo embajador de Colombia en Bélgica, después de que en la página de aspirantes de la Presidencia de la República apareciera el nombre de Daniel Ernesto Prado Albarracín como el opcionado a tomar el cargo diplomático, después de que Jorge Rojas asumiera como vicecanciller.
Padro es un viejo conocido del presidente Gustavo Petro y sirvió como su abogado en momentos críticos de su vida política. Su relación se remonta a los tiempos en que el actual mandatario militaba en el M19 y, ahora, acompañará al Gobierno nacional en su estrategia de fortalecer las relaciones internacionales con Colombia.
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Daniel Prado no es un desconocido en el ámbito político y legal colombiano. Fue el abogado que defendió a Petro cuando este fue destituido como alcalde de Bogotá por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez y presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Además, Prado había sido considerado para el cargo de defensor del Pueblo, aunque finalmente Petro optó por ternar a tres mujeres, resultando elegida Iris Marín Ortiz, la primera mujer en ocupar este cargo.

El abogado penalista y defensor de derechos humanos, ha sido una figura clave en los acercamientos entre el Gobierno de Gustavo Petro y varias organizaciones criminales en Colombia. Desde enero de 2022, Prado mantuvo reuniones tanto dentro como fuera de las cárceles con representantes de estas organizaciones.
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Estas reuniones se llevaron a cabo con la esperanza de explorar su participación en la iniciativa de ‘paz total’ del Gobierno Petro. Prado, quien en el pasado fungió como abogado de Petro, fue nombrado gestor de paz oficial el 8 de agosto de 2022, según una resolución que fue difundida en su tiempo por El Tiempo.
Sin embargo, sus esfuerzos por contribuir al proyecto abanderado del presidente se estancaron desde enero de 2023, mientras el presidente hablaba de treguas con disidencias y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Un ejemplo de esto fue la falta de respuesta a una carta enviada por el exjefe paramilitar Diego Murillo, alias Don Berna, desde una cárcel en Estados Unidos, donde cumple una condena de 31 años. En la carta, Murillo expresaba su voluntad de paz y mencionaba la repatriación de presos.
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Además, también estuvo vinculado a un escándalo por su presunta relación con Emilio Tapia, un empresario condenado que fue visitado por Prado en su lugar de reclusión. A mediados de diciembre de 2022, un audio publicado por el Reporte Coronell reveló que Tapia había sido visitado por un enviado del presidente Petro en el marco de la ‘paz total’. Este hecho generó malestar en el Gobierno, según un allegado, y podría ser una de las razones por las que no se renovó la resolución de Prado, que venció el 31 de diciembre de ese año.

Además, en 2018, Daniel Prada también protagonizó un enfrentamiento con Jaime Granados, abogado defensor del ganadero y hermano del expresidente Álvaro Uribe, Santiago Uribe Vélez, en el caso del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles.
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Granados había acusado a Prado de filtrar información confidencial para beneficiar electoralmente a Gustavo Petro. Además, alegó que el entonces defensor de Petro, filtró declaraciones de exempleados de la Hacienda La Carolina en Yarumal antes de la segunda vuelta presidencial de 2018. En dichas declaraciones, se mencionaba a Alberto Osorio Rojas, un visitante frecuente de la finca y presunto integrante del grupo paramilitar. Los exempleados afirmaron haber trabajado para Uribe durante más de diez años.
El abogado defensor argumentó que estas filtraciones podrían haber influido en la decisión de los votantes. Sin embargo, Iván Duque ganó las elecciones y no se encontraron pruebas que implicaran a Prado en la filtración de la información.
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