La odisea de los perseguidos por Maduro: muchos de los que están en Colombia piden ser refugiados pero la Cancillería pone trabas

Luis Gonzalo Pérez, videógrafo de María Corina Machado, vivió sus últimas semanas en Venezuela escondido en casas de seguridad de la oposición. El régimen de Nicolás Maduro lo declaró como el “periodista número uno” que debía ser capturado por el supuesto delito de terrorismo. Pérez, de 33 años, recibió la noticia de la orden de captura de boca de la misma líder opositora, que le pidió que no saliera más para proteger su vida. Finalmente, tuvo que huir en la madrugada del 15 de agosto en una travesía por carretera de 16 horas hacia Colombia.

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Pérez es uno de los 230 venezolanos que trabajaban en política, en defensa de derechos humanos o en periodismo, que han huido a Colombia desde las elecciones en Venezuela. Todos ellos han solicitado a la Cancillería colombiana que les reconozca como refugiados, pero hasta ahora solo cuentan con un salvoconducto que les permite residir en el país de forma regular, sin poder trabajar.

Las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes han denunciado que la Cancillería no ha agilizado los procesos de protección para estos venezolanos perseguidos. Según Semana, los 230 líderes han pedido al Gobierno de Gustavo Petro que les reconozca el estatus de asilo, pero las solicitudes de protección están trabadas.

El caso de Pérez es emblemático de la situación que enfrentan muchos venezolanos en Colombia. Los funcionarios del régimen venezolano llegaron a la casa de su madre, de su padre y de sus abuelos, e incluso al apartamento en Caracas donde vivía, haciéndose pasar por funcionarios de CanTV cuando él ni siquiera tenía teléfono fijo en su casa. Ante esta persecución, Pérez tuvo que huir con apenas dos camisas, dos pares de medias y un morral con sus documentos.

La situación de estos refugiados es crítica. Sin la posibilidad de trabajar, su subsistencia en Colombia se vuelve cada vez más difícil. Las organizaciones de derechos humanos han instado al Gobierno colombiano a que agilice los trámites y les otorgue el estatus de refugiados para que puedan integrarse plenamente en la sociedad y acceder a oportunidades laborales.

Angélica Ángel, defensora de derechos humanos, al igual que Pérez tuvo que huir de Venezuela hacia Colombia tras ser acusada de “terrorismo” por el régimen de Nicolás Maduro.

Angélica Ángel relató a Semana cómo su vida se convirtió en un constante peligro. En Mérida, era abordada por motorizados y debía cambiarse de ropa varias veces al día para evitar ser reconocida. Su labor consistía en entrenar a universitarios para que actuaran como testigos electorales, impartiendo talleres en reuniones clandestinas. Sin embargo, fue calificada de “terrorista” y perseguida por sujetos uniformados que la identificaban como “la alborotadora”.

El gobernador de Mérida, Jehyson Guzmán, creó una comisión para procesar a quienes no reconocían a Maduro como presidente. Una fuente de la Gobernación informó que el expediente de Angélica era el primero en la lista, con el alias de “la terrorista de la 13″. Ante esta situación, empacó un bolso con dos prendas de ropa y se dirigió a Colombia. “Cuando llegué a la frontera sentí un respiro. Uno sabe lo que son capaces de hacer; yo ya había estado detenida por reclamar nuestros derechos y no quería que mis padres tuvieran que pasar por una situación de volver a ver a su hija detenida”, expresó.

El caso de Luis Gonzalo Pérez es similar. Si regresa a Venezuela, sería capturado por terrorismo, a pesar de que su única arma ha sido una cámara y un micrófono.

La situación de estos refugiados ha puesto en evidencia la necesidad de agilizar los procesos de solicitud de asilo en Colombia. Human Rights Watch solicitó a la Cancillería colombiana que permita a los solicitantes de asilo trabajar de manera regular mientras se resuelve su situación migratoria. Juanita Goebertus, directora para las Américas de la organización, destacó que en el Darién se ha incrementado el número de personas que cumplen con la definición de refugiados o sujetos de asilo. “Son personas que salieron a protestar, jugaron un rol como testigos en el proceso electoral, han visto a conocidos siendo perseguidos o que fueron perseguidos directamente”, afirmó.

El alcalde de Torres, Javier Oropeza, también se exilió en Colombia tras ser investigado por el ministro de Comunicación del régimen, Freddy Ñáñez, por el supuesto delito de omisión en un ataque a la sede del Psuv. Le incautaron bienes, allanaron su medio de comunicación y el Sebin tomó la sede de la Alcaldía. Cuando intentaron secuestrar a sus hijas menores de edad, huyó con su familia.