El expediente del expolicía implicado en red de tráfico de mujeres en Medellín: las engañaban para trabajar como modelos webcam en Europa

Carlos Augusto Fernández Raigosa, exintendente de la Policía Nacional, fue judicializado el 9 de septiembre por su participación en una red de trata de mujeres que operaba desde el comando de Policía del Valle de Aburrá.

Aunque la noticia de su captura ya había sido reportada, recientemente surgieron detalles clave a partir de su expediente judicial, revelando la magnitud de la organización y su método de operación.

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Fernández, que fue condenado a 84 meses de prisión tras aceptar su responsabilidad, formaba parte de un esquema más amplio de captación y explotación sexual de mujeres, muchas de ellas en situaciones vulnerables.

Según el expediente al que tuvo alcance el medio El País, Fernández no actuaba solo. Junto con dos cómplices, Diego Cárdenas Gaitán y Jorge Restrepo Lemus, también miembros de la Policía, se encargaba de atraer a las víctimas con falsas ofertas de empleo como modelos webcam en Europa.

Las mujeres, engañadas por promesas de altos ingresos, eran sometidas a un proceso de selección en el que se les exigía enviar fotos en ropa interior, con el pretexto de “verificar” si cumplían los requisitos.

Según el medio citado, Fernández coordinaba el traslado de las víctimas, como ocurrió con una de ellas en septiembre de 2022, cuando la llevó al aeropuerto de Rionegro en el vehículo de su esposa, dándole instrucciones sobre el viaje.

En Europa, las víctimas eran recibidas por Georges Kalliterakis, alias León, que las encerraba, les confiscaba los pasaportes y publicaba sus fotos sin consentimiento en sitios de prostitución.

El informe declara que la Fiscalía colombiana descubrió a través de conversaciones de WhatsApp que las mujeres eran sometidas a maltratos físicos y abusos sexuales, generando entre 5.000 y 6.000 euros semanales para los proxenetas, mientras las víctimas apenas recibían 10 euros diarios para sobrevivir.

El abogado de Fernández, Juan Mario Tobón, argumentó al medio El País que su cliente solo fue condenado por un caso de trata y que su rol en la organización era menor. No obstante, el expediente revela que los policías involucrados recibían comisiones de dos millones de pesos por cada víctima captada.

Además, Fernández intentó negociar con la Fiscalía un principio de oportunidad, ofreciendo información sobre sitios de explotación sexual en Colombia y otros implicados en el narcotráfico, pero su propuesta fue rechazada: “Este caso es solo una parte de un problema mayor”.

En 2023, la Procuraduría registró 51 investigaciones sobre funcionarios de la fuerza pública vinculados a redes de trata, mientras la Fiscalía colombiana gestionaba 22 solicitudes internacionales relacionadas con este delito. La captura de Fernández y sus cómplices, aunque significativa, no representa el fin de esta compleja red de explotación transnacional.

Banda de tráfico de mujeres estaba siendo investigada por la Interpol

En un operativo coordinado por la Interpol, se logró la captura de los líderes de una organización criminal dedicada a la trata de personas y el rescate de ocho víctimas.

El principal cabecilla, un ciudadano cubano-mexicano, fue detenido en Medellín, mientras que su socio principal fue arrestado en Mérida, México. Ambos individuos eran buscados por las autoridades mexicanas y estaban sujetos a notificaciones rojas de la Interpol.

Según informes de las autoridades, la organización criminal fue detectada por primera vez en junio de 2022, cuando varias víctimas lograron escapar en México y denunciaron los hechos.

Las investigaciones revelaron que las víctimas, generalmente jóvenes de entornos pobres de Cali, Medellín y Bogotá, fueron engañadas con promesas de empleo como camareras o azafatas en Cancún y Mérida.

Los criminales facilitaban la entrada de las víctimas a México mediante cartas de invitación “oficiales”. Una vez en territorio mexicano, las mujeres eran recibidas por miembros del grupo criminal, quienes las trasladaban a casas de seguridad y les confiscaban sus pasaportes.

Posteriormente, las obligaban a firmar contratos que las comprometían a asumir deudas insostenibles, las cuales debían saldar mediante trabajo sexual en bares supuestamente propiedad del líder del grupo.