El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, anunció la formación de una Unidad Especial dentro de la Contraloría para salvaguardar los recursos del sector salud. Esta nueva estructura se encargará de llevar a cabo un análisis exhaustivo y en tiempo real sobre la constitución y cálculo de las reservas técnicas de las EPS, gracias a una solución tecnológica que facilitará la evaluación de la calidad y consistencia de los datos proporcionados por estas entidades.
El propósito de esta unidad, según explicó el contralor durante una plenaria en el Senado de la República, es verificar la correcta asignación y utilización de los recursos destinados a la salud, a través de un equipo multidisciplinario de alto nivel compuesto por actuarios, economistas, contadores, abogados, ingenieros, y expertos en salud y del área de inteligencia artificial de la Contraloría (Diari). Dicho equipo analizará la información financiera de las EPS, hará visitas y validará sus resultados conforme a la normativa digital vigente.
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Rodríguez enfatizó la importancia de garantizar que las EPS tengan la infraestructura adecuada para cumplir con sus obligaciones técnicas y financieras. “Queremos asegurar la correcta aplicación de los procedimientos establecidos y corroborar, en tiempo real, la implementación adecuada de las metodologías de cálculo, la constitución de reservas y la actualización conforme a la normativa vigente”, afirmó.
La Contraloría ha identificado problemas graves en el manejo de recursos, destacando hallazgos fiscales por $6 billones de pesos en 24 EPS, debido a la mala utilización de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) durante 2020, y otros $5.3 billones en proceso de revisión preliminar. Ante estos hechos, Rodríguez reiteró que “el informe que revelamos es serio y técnico, no político”. Asimismo, subrayó que la Contraloría es la autoridad máxima en control fiscal, diferenciándose de las funciones disciplinarias de la Procuraduría.
Giros del presupuesto máximo para 2024
El informe financiero más reciente publicado por el Observatorio Financiero de Así Vamos en Salud, con corte a agosto de 2024, revela un panorama complejo en cuanto a la liquidación y distribución de los recursos asignados a través del presupuesto máximo y la UPC.
El presupuesto máximo se destina a financiar servicios y tecnologías no cubiertos por la UPC, como medicamentos para enfermedades raras, servicios complementarios y algunos alimentos nutricionales para fines médicos especiales (APME). Sin embargo, con la actualización del catálogo de servicios financiados por la UPC para 2024, parte de estos costos migraron hacia este nuevo esquema de financiación, como es el caso de 86 grupos de medicamentos y 46 procedimientos.
A pesar de los esfuerzos para ajustar el presupuesto máximo a las nuevas necesidades, los retrasos en la ejecución de los pagos son evidentes. En el año 2023, la situación ha mostrado cierta mejora, con $3.74 billones girados de un presupuesto total de $3.9 billones, pero aún persisten problemas relacionados con la liquidación de los servicios ya prestados. Las cifras también reflejan que más del 97% de los medicamentos y procedimientos están financiados por la UPC, mientras que el restante depende del presupuesto máximo y de los recobros.
En 2023, la situación ha mostrado cierta mejora, con $3.74 billones girados de un presupuesto total de $3.9 billones, pero aún persisten problemas relacionados con la liquidación de los servicios ya prestados. Las cifras también reflejan que más del 97% de los medicamentos y procedimientos están financiados por la UPC, mientras que el restante depende del presupuesto máximo y de los recobros.
Para 2024, las preocupaciones sobre el flujo de recursos son aún más alarmantes. Según el informe de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), ya se han agotado los $1.83 billones destinados al presupuesto máximo para este año. No obstante, aún queda pendiente la asignación oficial de presupuesto a varias EPS, lo que podría agravar la crisis de financiación en los próximos meses.
La creación de la Unidad Especial para la Defensa de los Recursos de la Salud responde a la urgente necesidad de enfrentar la corrupción y las malas prácticas en el sistema, que afectan tanto la salud pública como la estabilidad financiera del sector. Con las EPS bajo un escrutinio más riguroso, se espera una mejora en la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos, aunque el panorama financiero aún presenta grandes desafíos.
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