El 16 de septiembre de 2024, la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) de la Policía de Colombia emitió una respuesta categórica en relación con las recientes acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre la adquisición del software espía Pegasus. En una respuesta a un derecho de petición, la fuerza pública desmintió rotundamente tener en su poder información, contratos o presupuesto destinado a la compra del mencionado software, que supuestamente habría sido adquirido por la administración del presidente Iván Duque durante el estallido social de 2021.
En su alocución presidencial el 4 de septiembre, Gustavo Petro presentó un documento confidencial que revelaba que la Dipol habría adquirido el software Pegasus a Israel por un monto de 11 millones de dólares, pagos realizados en efectivo y enviados fuera del país en aviones.
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“El efectivo fue transportado por vía aérea desde Bogotá a Israel el 27 de junio de 2021. Fue declarado a la aduana israelí y depositado en la cuenta de la empresa el 30 de junio″, mencionó el jefe de Estado
El dirigente cuestionó la legitimidad y origen de los fondos, preguntando: “¿A quién más se interceptó? ¿Qué orden judicial se utilizó? ¿Cuál es la fuente del dinero? ¿Por qué no se incluyó en el presupuesto nacional? ¿Es esto una operación de lavado de activos llevada a cabo desde el propio Estado?”.
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Este software, famoso por sus sofisticadas capacidades de espionaje, supuestamente se habría utilizado durante las intensas protestas sociales y en las campañas políticas de 2021. Esta información fue ampliamente difundida en su momento por varios medios de comunicación, lo que generó preocupación sobre la independencia de ciertas entidades.
El presidente Petro, que también ocupa el cargo de comandante general de la Policía Nacional, declaró que el software Pegasus fue comprado directamente por la Dipol, además, el jefe de Estado solicitó a la Fiscalía General de la Nación que investigue las supuestas “chuzadas” o interceptaciones ilegales durante el estallido social y las campañas políticas de 2021, con el alegato que estas acciones habrían violado el ordenamiento jurídico.
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La alocución del mandatario generó un revuelo considerable, poniendo en tela de juicio la reputación de la Dipol y la legalidad de sus operaciones durante el gobierno anterior. En respuesta a estas acusaciones, la Dipol emitió una declaración contundente, al afirmar que “en la Dirección de Inteligencia Policial no se cuenta con procesos contractuales, equipos o software Pegasus”.
La respuesta oficial, destacada en negrilla y en mayúsculas, la firme negación de la Dipol sobre la adquisición y uso del software espía y que todos los procesos de contratación están debidamente publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop y Secop II.
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En su declaración, la Dipol también se distanció de las acusaciones sobre supuestas interceptaciones, indicando que tales actividades no forman parte de su misión oficial. La respuesta firmada por el subdirector de Inteligencia Policial, teniente coronel Sergio Fernando Gómez, enfatiza que las acusaciones deben ser investigadas por los órganos de persecución penal y disciplinaria, y que la institución no posee información relevante sobre estas alegaciones.
Por otro lado, la revelación tuvo repercusiones internacionales, ya que Colombia, un país con una sólida reputación en materia de inteligencia, enfrentó sanciones de la Egmont Group, la entidad que agrupa a las Unidades de Análisis Financiero para combatir el lavado de activos.
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El caso provocó un amplio debate sobre la legalidad y ética del uso de tecnologías de espionaje en Colombia, especialmente en tiempos de crisis social y política. La administración actual enfrenta ahora el desafío de esclarecer estos hechos y restaurar la confianza pública en las instituciones de inteligencia del país.
A continuación, la respuesta de la Dirección de Inteligencia de la Policía:
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