Reforma tributaria que busca aprobar Petro incrementaría las tarifas de energía, aseguraron las compañías generadoras: “Se verá reflejada en las facturas de los usuarios”

La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) emitió una advertencia sobre las posibles consecuencias que la nueva reforma tributaria le traería al sector energético del país.

La propuesta, que pretende modificar la ley de financiamiento, afectaría el tratamiento del carbón como combustible gravado con el impuesto al carbono.

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Según Andeg, la iniciativa del Gobierno nacional busca modificar la Ley 1819 de 2016, que ya había sido alterada por la Ley 2277 de 2022. La nueva propuesta contempla un incremento en el valor de los combustibles fósiles emitidos en Unidades de Valor Tributario (UVT), lo cual elevaría sustancialmente el impuesto sobre el carbón.

Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, expuso que esta medida repercutiría en un aumento en los costos de generación de electricidad, lo que inevitablemente se reflejaría en las facturas de los usuarios finales del país.

“Esto conllevaría a un alza de precios en la generación de energía que se verá reflejada en las facturas de los usuarios finales de electricidad en el país”, mencionó a través de un comunicado Castañeda.

Castañeda destacó que, según el análisis de Andeg, la intención del Gobierno tendrá un impacto adverso, no solo sobre el sector eléctrico, sino también en diversas industrias clave del país, incluyendo siderurgia, cemento, ferroníquel, papel, productos cerámicos, vidrio, fibras textiles, alimentos y bebidas.

La asociación estima un alza en la tarifa de energía eléctrica de aproximadamente $80 por kilovatio-hora, lo cual significaría una carga adicional cercana a los 4,5 billones de pesos anuales para la demanda eléctrica.

El gremio también expresó su preocupación por las repercusiones en el empleo, específicamente en el sector de la pequeña minería asociada al carbón. La propuesta legislativa podría agravar el déficit del fondo de subsidios del sector eléctrico, lo cual forzaría al Gobierno nacional a destinar cerca de 1 billón de pesos más al año para financiar los subsidios destinados a los usuarios de menores ingresos conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

En términos de recaudación, Andeg advirtió que el efecto neto para la sociedad sería negativo. La propuesta del Gobierno espera recaudar solo 700 mil millones de pesos, en contraste con los 5,5 billones de pesos en costos que implicará la medida para el país, lo que representa un déficit de 4,8 billones de pesos anuales.

Por ese motivo, Castañeda fue enfático al decir que esta medida le representaría al sector más contras que pros, debido a que el déficit fiscal que generaría sería superior al recaudo que se espera.

Otro punto crítico señalado por Andeg es la modificación en la gradualidad de la aplicación del impuesto al carbono. Mientras que la Ley 2277 de 2022 ya había establecido una aplicación gradual, la nueva propuesta del Gobierno sugiere aplicar el 75% de la tarifa del impuesto en 2025, en lugar del 25% propuesto inicialmente.

“Esto va en contravía de una transición energética segura y gradual, y con estos cambios abruptos se desdibuja la continuidad, así como el principio de justicia y proporcionalidad de la política pública”, indicó el presidente de Andeg.

Castañeda argumentó que estos cambios abruptos contradicen los principios de una transición energética segura y gradual, y afectan los fundamentos de justicia y proporcionalidad en la política pública.

Además, desde la perspectiva de política ambiental, Andeg señaló discrepancias en la asignación de los recursos del impuesto al carbono. La Ley 2277 de 2022 limitaba al 50% el uso del mecanismo de no causación del impuesto. Sin embargo, la propuesta actual del Gobierno asignaría únicamente un 27% del recaudo del impuesto a la acción climática, desviándose así del objetivo de promover una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y movilizar la acción ambiental.

Finalmente, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) resaltó la necesidad de reevaluar la propuesta para considerar su alto impacto socioeconómico y explorar otras iniciativas de instrumentos de precio al carbono que no resulten en una doble tributación, permitiendo así generar mayor seguridad para la inversión.