La Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) anunció la apertura de una investigación formal contra el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, en medio de serias acusaciones que ponen en riesgo su carrera profesional y su derecho a ejercer la abogacía.
Esta decisión surge a raíz de las presuntas irregularidades cometidas por el abogado, quien está acusado de intentar sobornar a un colega para manipular un testimonio clave en el caso de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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En un comunicado oficial, la CNDJ explicó: “Esta Corporación tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades por parte del abogado Eduardo Riveros Rey, al parecer, por intentar sobornar a su cliente, el abogado Sneyder Pinilla, para que omitiera en su testimonio información acerca de contratos de la Ungrd en los que posiblemente se encontraban involucrados los funcionarios Pedro Luis Carlos Melo y Luis Carlos Barreto, perturbando su colaboración con la administración de justicia”. Estas acciones, si se confirman, podrían derivar en sanciones que incluyan la inhabilitación para ejercer la profesión de abogado.
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El presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Alfonso Cajiao Cabrera, enfatizó que la investigación se adelanta en estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo 257 de la Constitución Política de Colombia, así como en los artículos 2 y 239 de la Ley 1952 de 2019, que regulan las responsabilidades y deberes de los profesionales del Derecho en Colombia.
Contexto de la investigación
Las acusaciones contra Riveros Rey no son nuevas. El 6 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación imputó formalmente al abogado por el delito de soborno en actuación penal, al ser señalado como pieza clave en un presunto intento de encubrimiento de un esquema de corrupción en la Ungrd. Según la Fiscalía, Riveros Rey ofreció sobornos con el fin de que su cliente, Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la entidad, omitiera o alterara información comprometedora sobre contratos en los que estarían implicados altos funcionarios de la entidad, entre ellos Luis Carlos Barreto Gantiva.
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El abogado Riveros Rey no aceptó los cargos durante la audiencia de imputación, en la cual la Fiscalía también solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario para garantizar que permanezca bajo custodia mientras avanza la investigación.
Las pruebas de la Fiscalía
Uno de los aspectos más relevantes en este caso es el material probatorio que la Fiscalía ha presentado. Según El Tiempo, se cuenta con videos y fotografías que habrían sido obtenidas en diversas reuniones entre los implicados. El abogado Luis Gustavo Moreno, que actuó como representante legal de Pinilla, desempeñó un rol crucial al actuar como agente encubierto en colaboración con las autoridades. En estas reuniones, Riveros Rey habría ofrecido hasta $3.000 millones a cambio de que Pinilla se retractara de sus declaraciones y no implicara a Barreto Gantiva en el entramado de corrupción.
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La Fiscalía también tiene evidencia de que Riveros Rey ofreció un porcentaje del valor de los contratos que estaban bajo sospecha. El primer contrato tenía un valor de $42.000 millones de pesos, mientras que el segundo alcanzaba los 242.000 millones de pesos.
El caso ha generado gran expectativa en la opinión pública, debido a la magnitud de las cifras involucradas y a la participación de altos funcionarios. Durante la audiencia, el fiscal a cargo advirtió que la gravedad de los hechos radica en el intento de sobornar a personas que ostentaban la doble calidad de coimputados y testigos en una investigación penal de alto perfil.
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“Para la administración de justicia, resulta grave que se estén sobornando personas que tendrían la doble calidad de coimputados y testigos dentro de una investigación que está adelantando la Fiscalía”, expresó el fiscal. Con la apertura de la investigación por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el futuro profesional de Édgar Eduardo Riveros Rey está en juego, y su posible inhabilitación podría ser solo el inicio de las consecuencias legales que enfrenta en este complejo caso de corrupción.
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