El barrio Juana Rangel de la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander, fue escenario de una operación policial que resultó en la desarticulación de una agencia sexual de modelos webcam que explotaba menores de edad.
Luego de unas semanas de investigación, las autoridades lograron ingresar al domicilio, que funcionaba como estudio de grabación y del que la comunidad se percató.
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De acuerdo con el testimonio de los oficiales, las denuncias de los vecinos respecto al ingreso y salida de adolescentes de la vivienda fueron determinantes para avanzar con la indagación.
Los vecinos sospecharon de un negocio ilícito
Desde finales del mes de agosto de 2024, algunos residentes del sector contactaron a la Policía de Turismo, responsables de campañas de prevención contra la explotación infantil en la ciudad, para enterarlos sobre la situación que, hasta el momento, era una sospecha.
Según informó el diario cucuteño La Opinión, a partir de esa alerta, las autoridades, en coordinación con la Policía Metropolitana de Cúcuta y las unidades de Infancia y Adolescencia, comenzaron una investigación para verificar la autenticidad de las denuncias.
Tras cinco días de labores de indagación, los policías confirmaron que una vivienda había sido arrendada y adaptada para transmisiones sexuales por webcam. En el lugar de los hechos, se hallaron a cinco personas involucradas: Carlos Alberto González, de 39 años, y Oswaldo Alfonzo Artahona Duarte, de 23 años; además de tres adolescentes de 15 y 16 años.
Detalles de la intervención policial también fueron expuestas por el periodista cucuteño John Jairo Jácome, el cual reportó que los “dos sujetos que fueron capturados por la Policía en una casa del barrio Juan Rangel de Cuéllar de Cúcuta, mantenían a tres menores de edad que eran explotadas sexualmente a través de servicios de webcam”.
Agregó que “entre las menores de edad explotadas había una venezolana. Los dos capturados, de 23 y 39 años, fueron dejados a disposición de las autoridades competentes”, como escribió en su cuenta de X (anteriormente Twitter).
La intervención
La operación culminó el lunes 2 de septiembre de 2024, cuando la Fiscalía de la Unidad de Reacción Inmediata de la zona emitió una orden de allanamiento que permitió a las unidades de Infancia y Adolescencia, de Turismo, el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) ingresar en la vivienda a las 3:45 p. m. del día siguiente.
El reporte citado por el medio informó sobre hallazgos que incluyeron nueve celulares, equipos técnicos para las transmisiones como aros de luces y juguetes sexuales.
Además, el segundo piso de la casa había sido cubierto con polisombra negra; no obstante, las luces de los aros utilizados para las grabaciones eran visibles desde el exterior. Los vecinos tuvieron más sospechas con ese escenario.
Detalles de la actividad ilícita indican que las tres menores de edad encontradas testificaron que las transmisiones se realizaban mediante una plataforma conocida como Tango, utilizando un teléfono perteneciente al jefe, identificado como Carlos González.
Este y Oswaldo Artahona fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía; se les dictó medida de aseguramiento en la cárcel por los delitos de trata de personas en concurso con pornografía infantil.
La comunidad también comunicó que existía preocupación por el constante movimiento de menores en la vivienda, lo cual motivó las denuncias a la policía que permitieron el inicio de la investigación.
Según una fuente judicial citada por el portal informativo cucuteño, “ellos cambiaban constantemente de vivienda. Llegaban a un barrio, arrendaban una casa, empezaban a realizar las actividades delictivas y cuando la comunidad empezaba a sospechar, se trasladaban a otro punto”.
Las menores rescatadas fueron dejadas, específicamente, bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y recibirán apoyo psicosocial de Anti Trafficking Bureau (ATB), una organización internacional dedicada a brindar asistencia a víctimas de trata de personas.
Las autoridades también investigan si habría comercialización ilícita de contenidos, por fuera de las emisiones del contenido pornográfico.
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