En la mañana del jueves 5 de septiembre, se confirmaron las capturas de tres personas que habrían salido salpicadas en las investigaciones por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Se trata de Luis Carlos Barreto Gantiva, subdirector de la Ungrd; Pedro Andrés Rodríguez Melo, asesor de Olmedo López; y Édgar Eduardo Riveros Rey, asesor de Olmedo López.
Para Barreto y Rodríguez los cargos son por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público, y falsedad de documento privado.
Si bien no se conocen muchos detalles sobre el nivel de implicación de estas personas, se especula que pudieron ser incriminadas por el mismo Olmedo López en su proceso de colaboración con la Fiscalía General para esclarecer los hechos detrás de este caso.
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La crítica del juez del caso al Gobierno Petro
En medio del escándalo que ha sacudido a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el juez 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, encargado de definir la medida de aseguramiento contra el exdirector de la entidad, Olmedo López, y el exsubdirector Sneyder Pinilla, expresó su profunda indignación por el entramado de corrupción que involucra a altos funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Este caso ha generado un fuerte rechazo a nivel nacional y ha puesto en el centro de la controversia la integridad de las instituciones del país.
El juez, en su primera valoración de las pruebas presentadas por la Fiscalía, no dudó en señalar que se había comprobado la existencia de un “entramado” corrupto en el que participaron funcionarios públicos de alto nivel. Con un tono firme y visiblemente molesto, el funcionario judicial comparó el desfalco en la Ungrd con una “tiranía”.
“Uno de los elementos principales de una tiranía es que se ven comprometidas las tres ramas del poder público que, en el sistema de pesos y contrapesos, logran establecer justamente ese equilibrio que debe existir en el Estado; en este caso se logró comprometer más del 66% del poder público. Estamos hablando de que se comprometió el poder ejecutivo y el poder legislativo, y no está comprometido en niveles mínimos; estamos hablando de los ciudadanos que regentan los destinos de las dos cámaras que componen el Congreso, Senado y Cámara de Representantes; estamos hablando de una comisión íntegra”, declaró el juez en medio de la audiencia.
Según el juez, la corrupción no solo ha afectado a las dos ramas del poder público mencionadas, sino que ha implicado a ministros, congresistas y otros trabajadores del Estado, quienes deberían ser los encargados de guiar los destinos de Colombia. “Adicionalmente, estamos hablando de ministros de despacho que son los segundos al mando después del presidente en el país para efectos de determinar apropiación y ejecución presupuestal y estamos hablando de directores de despacho, por lo menos personas que regentan los destinos de este país”, añadió.
Además, denunció que el dinero involucrado en este entramado corrupto no era insignificante, sino que ascendía a cifras millonarias, transportadas en maletas y entregadas directamente a ciudadanos que, según él, actuaron casi como mensajeros de estos fondos ilícitos.
“En este caso transitaron en maletas más de cuatro mil, cinco mil millones de pesos, se le entregaron directamente a ciudadanos que seguramente alegarán que no tienen ninguna intervención como en este caso la alta consejera para las Regiones (Sandra Ortiz), quien actuó casi como mensajera en este asunto, simplemente trasladando una suma de dinero al presidente del senado, el doctor Iván Name, pero evidentemente cuando se trasladan esas sumas de dinero se debe tener conciencia de de dónde origina el dinero y por qué debo servir yo como instrumento para transportar una suma de esa cuantía de dinero so pena de verme inmersa en una investigación por lavado activos si me llegan a sorprender con esa suma de dinero transitando por la calle”, afirmó el juez, visiblemente molesto.
El funcionario judicial también hizo una fuerte crítica al hecho de que las reuniones para planear y ejecutar estos actos de corrupción no se llevaban a cabo en lugares comunes o marginales, sino en la misma Casa de Nariño, el epicentro del poder ejecutivo en Colombia.
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