Procuraduría sancionó a dos oficiales y siete suboficiales de la Policía por el asesinato de tres jóvenes en Sucre

La Procuraduría General de la Nación anunció el jueves 5 de septiembre, a través de un comunicado, la destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas, por periodos de 11 a 19 años, de nueve policías involucrados en la muerte de tres jóvenes en Chochó, Sucre.

Entre estos, el coronel retirado Benjamín Núñez fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por 19 años, tras admitir que disparó y mató a Jesús David Díaz, de 18 años; José Carlos Arévalo, de 20 años; y Carlos Alberto Ibáñez, de 26 años, durante un operativo en Sampués después del ataque al patrullero Diego Felipe Ruiz.

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La Procuraduría General de la Nación realizó una investigación relacionada con un operativo efectuado el 25 de julio de 2022 por agentes de la Policía de Sucre en el sector denominado La Garita, en el corregimiento de Chochó, Sucre. Este operativo, conocido como plan candado, se llevó a cabo a raíz del fallecimiento del patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón, ocurrido en el municipio de Sampués.

Integrantes del grupo de protección a la infancia y adolescencia de la institución inicialmente detuvieron a tres ciudadanos: Carlos Alberto Ibáñez Mercado, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo Contreras. Estos individuos fueron subidos a un vehículo oficial de la Policía con el objetivo de llevarlos al centro médico más cercano debido a las lesiones que presentaban.

Sin embargo, en el traslado desde el lugar de la detención hasta la clínica María Reina en Sincelejo, el oficial Benjamín Darío Núñez Jaramillo, teniente coronel, hoy retirado, les disparó varias veces con un arma de fuego. Las víctimas fueron declaradas muertas en el mencionado centro médico.

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1, en un fallo dictado el 23 de agosto de 2024, declaró disciplinariamente responsable a Benjamín Darío Núñez Jaramillo, quien era comandante operativo de seguridad ciudadana de Sucre con el rango de teniente coronel en el momento de los hechos.

La decisión se tomó al comprobarse, sin refutación, el cargo de comisión de falta gravísima según el parágrafo del artículo 45 de la Ley 2196 de 2022, Estatuto Disciplinario Policial, que consiste en cometer una conducta tipificada como delito por la ley, en este caso, el artículo 103 del Código Penal que define el homicidio. Como consecuencia, se le impuso una sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad para ocupar cualquier cargo público por un período de diecinueve  años.

Además, fueron hallados responsables disciplinariamente el mayor Cristian Alberto Betancur Salamanca y los patrulleros Eduar de Jesús de la Rosa Juez, Santiago Garavito Díaz, Rafael Paz Barboza, Uber Guillermo Mieles Arroyo, Bernardo Pontón Mercado, Diana Marcela Puerta Rodríguez y Leila Carolina Ávila Pestaña.

A los mencionados previamente se les consideró responsables de la falta gravísima señalada en el parágrafo del artículo 45 de la Ley 2196 de 2022, Estatuto Disciplinario Policial, por incurrir en conductas tipificadas como delitos de prevaricato por omisión y abuso de autoridad, de acuerdo con los artículos 414 y 416 del Código Penal. Esto se debió a su omisión en proteger la vida e integridad de los civiles detenidos, quienes resultaron muertos durante el procedimiento policial descrito anteriormente. A estos funcionarios se les aplicó una sanción de destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas en cualquier cargo, con un período que oscila entre 11 y 15 años.

En la misma providencia, la subteniente María Camila Buriticá Valencia, quien era la comandante del CAI en el momento de los hechos, así como los patrulleros Jesús María Bolaño Castro, Álvaro Antonio Álvarez Ricardo y Yamit Alfonso Henao Araque, fueron absueltos de responsabilidad disciplinaria debido a que no se encontraron pruebas suficientes que confirmaran los cargos imputados.

El coronel retirado Benjamín Núñez fue sentenciado a 29 años de prisión por el triple homicidio de los jóvenes Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo, ocurrido en julio de 2022 en el corregimiento de Chochó, Sucre. La sentencia fue emitida el 29 de mayo de 2023, después de que un juez de la República lo declarara culpable de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, ocultamiento de pruebas y falsedad ideológica en documento público.