El Hospital Universitario Clínica San Rafael y la Clínica Centenario en Bogotá enfrentan una crisis financiera aguda que pone en riesgo la atención médica de miles de pacientes.
Hasta agosto del 2024, ambos hospitales reportaban cuentas habilitadas para recibir recursos mediante giro directo desde la Nación, un mecanismo de pago implementado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Sin embargo, la situación dio un giro preocupante cuando dejaron de aparecer en el informe de septiembre.
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Según la investigación del medio El Colombiano, la crisis se origina en Estados Unidos, donde el grupo económico Steward Health Care (propietario de estas clínicas) se declaró en quiebra bajo el capítulo 11 de la ley norteamericana, buscando protección para reorganizar sus deudas.
Esta declaración ha desencadenado un efecto dominó que ha afectado a sus operaciones internacionales, incluyendo sus clínicas en Bogotá y otras ciudades de Colombia.
Fred Armando Piza Tovar y Javier Cortes Muñoz, directores generales de ambos centros médicos, renunciaron recientemente, según informó el medio citado. Esta cadena de renuncias se suma a la problemática de impagos que afecta a médicos, proveedores y otros profesionales de la salud.
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Se dijo que a algunos empleados se les debe hasta seis meses de salario, paralizando servicios esenciales y escaseando insumos médicos.
Dos fuentes anónimas informaron al medio antioqueño sobre la falta de materiales médicos en ambas clínicas, situación que agrava los problemas existentes y pone en riesgo procedimientos vitales, desde cirugías cardiovasculares hasta tratamientos de cáncer.
Para el Hospital Universitario Clínica San Rafael, esta escasez representa una amenaza significativa, dado que es el principal hospital de cuarto nivel en la región sur de Bogotá.
En el mismo reporte, un cirujano de la Clínica San Rafael, quien optó por no revelar su identidad, expuso que las carencias van desde insumos para ablaciones hasta papel para electrocardiogramas en urgencias.
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Según las declaraciones recogidas por el medio, las clínicas argumentan la falta de pagos debido a que no están recibiendo los recursos necesarios, algunos de los cuales deben ser girados por el gobierno a través de los presupuestos máximos destinados a las EPS para tratamientos fuera del Plan de Beneficios en Salud.
Hasta mediados del año, el Hospital Universitario Clínica San Rafael y la Clínica Centenario habían recibido $84.610 millones y $33.426 millones respectivamente en pagos por giro directo.
A pesar de estas transferencias, no ha sido suficiente para mantenerse al día con los pagos pendientes, lo cual ha generado un déficit que asciende hasta los $100.000 millones, según una fuente directamente afectada por los impagos.
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En medio de esta situación crítica, el Ministerio de Salud no ha emitido un pronunciamiento oficial, y las gestiones de las autoridades locales para resolver la crisis médica siguen siendo limitadas. La Superintendencia de Salud aún no ha intervenido a pesar de la gravedad de la situación.
El pleito jurídico que envuelve al Hospital San Juan de Dios
La Alcaldía de Bogotá se enfrenta a un complejo escenario financiero y jurídico por la demanda que la empresa española Copasa interpuso, alegando la inviabilidad en la renovación del Hospital San Juan de Dios, incluso enfocándose en la Torre Central, según el medio Revista Alternativa.
Esta edificación, que debería ampliarse para cumplir con la demanda médica de Bogotá, ha sido bloqueada por el Ministerio de Cultura en tres ocasiones, lo que ha complicado aún más el proceso de renovación.
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El secretario jurídico de Bogotá, Mauricio Moncayo, mencionó en declaraciones recogidas por el medio mencionado que el actual ministro envió una carta expresando su postura de no demoler la edificación, basándose en su opinión personal y no en criterios técnicos.
Por su parte, el secretario de Salud, Gerson Bermont, señaló que adaptar el edificio sería tres veces más costoso y solo permitiría una capacidad del 30%, es decir, unas 100 camas y dos quirófanos. Esto limitaría severamente la atención a los ciudadanos.
La finalización unilateral del contrato por parte de Copasa podría poner en apuros los recursos destinados por el Distrito, que alcanzan los $500.000 millones. Además, se planea una demanda contra Copasa y el interventor por otros $100.000 millones.
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