
Para la mañana de este lunes 2 de septiembre estaba programado el interrogatorio de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, vinculada a una investigación de la Fiscalía General de la Nación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Sin embargo, la exfuncionaria del Gobierno Petro no acudió a la diligencia, pese a que la Fiscalía había fijado la fecha con varios días de antelación, pero fuentes cercanas al proceso señalaron que Ortiz no asistiría porque “no tiene nada que decir”.
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Este es el segundo aplazamiento de su interrogatorio. La primera reprogramación ocurrió el 13 de agosto. En aquella ocasión, Ortiz comentó a los medios de comunicación que había recibido amenazas de muerte, indicando que sus hijas menores “están en peligro”.
Además, acusó a algunos medios de comunicación de perseguirla y desempañar negativamente la imagen de su familia. “Si ustedes tienen pruebas hoy, los que están acá, yo misma se las entrego a la Fiscalía. Vamos y se las entregamos. Pero no sigan haciéndole daño a mi familia”, declaró la exsenadora, visiblemente afectada.
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Dentro de la misma investigación, Sneyder Pinilla ha afirmado ante la Fiscalía que Sandra Ortiz habría actuado como “mensajera” en la entrega de $3.000 millones al expresidente del Senado, Iván Name, y $1.000 millones al expresidente de la Cámara, Andrés Calle. Pinilla busca un principio de oportunidad en la investigación, lo cual sería un cambio de beneficio legal a cambio de información útil para el caso.
Hasta el momento, la diligencia programada se plantea como un interrogatorio en el cual Ortiz ostenta la condición de indiciada, lo que significa que está siendo procesada preliminarmente antes de una posible imputación. Sin embargo, la naturaleza de la cita podría modificar su rumbo una vez iniciada la reunión.
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La advertencia de la Fiscalía a Sandra Ortiz
Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, se enfrentó el 27 de agosto a un nuevo ultimátum de la Fiscalía General de la Nación para que compareciera a declarar el lunes 2 de septiembre, debido a que la exfuncionaria aparece como una figura clave.
El pasado lunes 26 de agosto, Sandra Ortiz acudió a la Fiscalía acompañada de un nuevo abogado, pero, de acuerdo con lo reportado por La FM, aún no se sentía preparada para declarar debido a la presión y una crisis nerviosa. Sin embargo, la Fiscalía fue clara: si Ortiz no se presentaba este lunes, impondrán su imputación y solicitarán una medida de aseguramiento en su contra.
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Ortiz está involucrada en un caso que ya ha provocado la salida de dos altos funcionarios. Las acusaciones contra ella se basan en dos conversaciones reveladas anteriormente, las cuales proporcionan detalles que la incriminan aparentemente.

En el primer chat, Sandra Ortiz contacta a Olmedo López para detallar una reunión en el Hotel Tequendama el 25 de septiembre, apenas unos días antes de la firma de un contrato por 46.800 millones de pesos para la adquisición de carrotanques destinados a La Guajira, coincidiendo con las elecciones del 29 de octubre en las que participaban el senador del Partido Verde, Iván Name, y el expresidente de la Cámara, Andrés Calle.
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El segundo chat detalla conversaciones entre Ortiz y Sneyder Pinilla relativas a la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo. Los testimonios indican que el dinero sería destinado precisamente a Iván Name y debía ser entregado a Ortiz, apodada “la mensajera”. La Fiscalía ha verificado la autenticidad de estas comunicaciones y dispone de evidencias como celdas telefónicas y fotografías de las bolsas negras que contenían el dinero.
En medio del escándalo, Ortiz ha denunciado sentirse acosada por los medios y temer por su seguridad y la de sus hijas. “Me han perseguido y, por todas las noticias de los últimos días, hoy mi vida está en peligro y la de mis dos hijas y eso no se hace. Si ustedes tienen pruebas, yo misma se las entrego al fiscal, pero no sigan haciéndole daño a mi familia”, dijo Ortiz el 13 de agosto.
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A pesar de las circunstancias, la exconsejera sostiene que no se quedará callada y que colaborará con las autoridades para limpiar su nombre. Las fuerzas judiciales están interesadas en su testimonio para esclarecer su participación en las presuntas reuniones y transacciones vinculadas a Olmedo López y Sneyder Pinilla.
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