La costa Caribe, Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada) enfrentan un grave riesgo de racionamiento y potencial cese en la prestación del servicio de energía para más de diez millones de personas, según confirmó la Contraloría General de la Nación en la mañana de este lunes 2 de septiembre.
El contralor general Carlos Hernán Rodríguez advirtió que esta situación es, en parte, por los retrasos que ha presentado el Gobierno nacional en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio de energía y el incumplimiento de las obligaciones por parte de los operadores de red.
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Rodríguez indicó que la responsabilidad de la vigilancia y el control sobre la prestación eficiente de los servicios públicos recae en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio.
No obstante, señaló que esas autoridades no han actuado frente a esta crisis, por lo que hizo un llamado a los órganos de control para tomar medidas de urgencia y darle prioridad a la emergencia. Además, pidió al Gobierno Nacional y a las entidades involucradas a tomar acciones de contingencia para prevenir la interrupción del servicio.
“Como garantes de satisfacer las necesidades más esenciales de la población, a tomar las acciones que consideren idóneas para prevenir la afectación en la prestación del servicio de energía eléctrica a las comunidades indicadas y evitar el riesgo sistémico”, señala el comunicado de la Contraloría.
El Ministerio de Minas y Energía es uno de los actores señalados por no reembolsar los recursos no recaudados por la opción tarifaria, que congeló las tarifas durante la pandemia. También se indican fallos en el pago de subsidios necesarios para mantener la operación fluida del sector energético. La falta de estos fondos ha creado un ambiente de incertidumbre que pone en riesgo la continuidad del suministro de energía, afectando no solo a los usuarios residenciales, sino también a sectores críticos como la salud, la educación y el comercio.
“A juicio de la Contraloría General de la República, contribuye a ese estado de cosas la falta de decisión del Gobierno nacional sobre el reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de “la opción tarifaria”, que congeló las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos”, señaló el órgano de control.
El contralor Rodríguez destacó que la situación también se debe al incumplimiento de los operadores de red en sus obligaciones con el mercado mayorista de energía, lo cual limita potencialmente el suministro de energía por parte de los generadores hacia los prestadores del servicio. Este incumplimiento es particularmente preocupante en la Costa Caribe, donde diversas empresas enfrentan dificultades para mantener el suministro.
Entre las medidas recomendadas para mitigar esta crisis se encuentra la regularización del giro oportuno de los subsidios de energía. La Contraloría, a través de la delegada para el sector de Minas y Energía, ha enfatizado repetidamente en la importancia de la seguridad y confiabilidad en el sector energético. “Persisten retos como los giros de subsidios y el pago de consumos de los usuarios, incluyendo entidades públicas del orden municipal y departamental”, señala el informe.
El contralor general también ha alertado que la falta de apropiación de rubros presupuestales suficientes por parte de las entidades públicas para el pago de los servicios públicos domiciliarios afecta gravemente la prestación del servicio. Tanto la Procuraduría General de la Nación como la Contraloría han emitido circulares advirtiendo sobre la gravedad de esta conducta, que podría constituir una falta disciplinaria contra la hacienda pública.
Finalmente, el contralor anunció que se remitirán los documentos respectivos a la Procuraduría para establecer las responsabilidades disciplinarias que correspondan. “Se pone de presente a las autoridades locales de todo orden que la no apropiación de rubros presupuestales suficientes para el pago de los servicios públicos domiciliarios por parte de las entidades públicas es otro factor que afecta la prestación del servicio”, concluye el documento.
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