Unidad militar fue atacada en Tame, Arauca: el atentado se dio cerca al Batallón de Ingenieros y dejó un saldo de dos soldados muertos

Sobre las 9:00 a. m. de este domingo 1 de septiembre se registró un fuerte ataque en una unidad militar ubicada en el municipio de Tame, Arauca. Según las primeras informaciones, los uniformados fueron sorprendidos con ráfagas de fusil y varios explosivos que habría dejado, por ahora, un saldo de dos militares muertos.

Fuentes enteradas informaron que el atentado se produjo a unos cuantos metros del Batallón de Ingenieros Rafael Navas Pardo, adscrito a la brigada N.18 de la Octava División del Ejército Nacional. Aunque los uniformados lograron ser retirados con vida del punto de ataque, sobre la carretera que conecta los municipios de Tame y La Cabuya, murieron minutos más tardes en un centro asistencias por la gravedad de sus heridas.

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Hasta el momento, el Ejército Nacional no ha entregado detalles de lo ocurrido ni quiénes serían los autores materiales del atentado, aunque en la zona hace presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que, incluso, ha protagonizado fuertes enfrentamientos en los últimos días.

De hecho, el atentado contra las Fuerzas Militares de Colombia se da apenas un día después de que la Defensoría del Pueblo hiciera un llamado urgente a las autoridades del país y a la institucionalidad gubernamental para que hagan presencia en el departamento de Arauca y tomen medidas concretas para proteger a las comunidades afectadas por el recrudecimiento del conflicto armado.

“Ante la constante vulneración de los derechos de las comunidades y la zozobra en la que viven en el departamento de Arauca por cuenta del recrudecimiento del conflicto armado”, señala la entidad.

El órgano de vigilancia también detalló que, durante el periodo comprendido entre el 22 y 27 de agosto, ocurrieron ocho homicidios en varios municipios de Arauca, incluyendo Saravena, Fortul, Puerto Lleras, Arauquita, Puerto Rondón y Tame.

Según reportó la Defensoría del Pueblo, “todos los asesinatos, en su mayoría de personas jóvenes, habrían sido perpetrados por integrantes de grupos armados ilegales”. Dos de las víctimas fueron Wilis Guillermo Robinson Sánchez, líder comunal de Puerto Rondón, y Óscar Guerrero, presidente de la junta de acción comunal de Corocito.

Con estos incidentes, ya son 13 los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos que fueron ultimados de forma violenta en el departamento, según la Defensoría. Además, Arauca ya suma un total de 100 homicidios en lo que va corrido del 2024.

Además de los homicidios, el departamento también enfrenta una situación alarmante con respecto a las desapariciones forzadas y los secuestros, con más de 110 casos entre enero y agosto de 2024. Estos actos de violencia comprometen severamente los derechos a la libertad e integridad de la población civil, que vive en un estado constante de desprotección, por lo que la Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno nacional tomar medidas urgentes que protejan eficazmente a los habitantes de Arauca.

El fin de semana pasado se produjo una ola de atentados en la región. La estación de Policía en Fortul fue hostigada con artefactos explosivos y ráfagas de fusiles, poniendo en riesgo la vida de los residentes. Las frecuentes confrontaciones y ataques afectan gravemente la sensación de seguridad en el área.

A los ataques también se sumó el atentado contra la infraestructura petrolera, pues se han registrado explosiones contra los oleoductos Caño Limón-Coveñas y Bicentenario. “Los ataques al oleoducto Caño Limón-Coveñas afectaron a los pobladores de las veredas El Consuelo, Islas de Bojabá y La Pava [...], y el ataque al oleoducto Bicentenario, a las comunidades de las veredas Palmarito (de Fortul) y Bajo Tamacay (de Tame)”, reportó la Defensoría del Pueblo.

Desde hace tiempo, el órgano de vigilancia ha venido advirtiendo sobre el peligroso panorama en Arauca mediante comunicados y advertencias a diversas entidades gubernamentales. En un oficio remitido el 20 de agosto a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), la entidad destacaba el alto riesgo en que viven los ciudadanos debido a la falta de ratificación o continuidad del cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y el grupo rebelde ELN. “Las dos estructuras armadas podrían atacar a las comunidades, fuerza pública, institucionalidad e infraestructuras petrolera y energética”, advirtió la Defensoría en el documento.