El domingo 25 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que su secretario, Alejandro Mayorkas, se reunirá con los cancilleres de Colombia y Panamá para discutir temas relacionados con la migración irregular y el crimen organizado transnacional.
Es de mencionar que este encuentro trilateral forma parte del III Reunión del Mecanismo Tripartito entre Colombia, Panamá y Estados Unidos, la cual se celebrará precisamente el lunes 26 de agosto en Cartagena de Indias. Los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia y Panamá, Luis Gilberto Murillo y Javier Martínez-Acha, realizaron una visita al municipio de Capurganá, en el departamento de Chocó, con el objetivo de evaluar de primera mano la situación migratoria en la región del Darién, una de las rutas migratorias más peligrosas hacia Norteamérica.
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La visita, según confirmó la Cancillería colombiana, incluyó un recorrido por diversos puntos estratégicos del municipio chocoano, como el puesto de salud, las instalaciones de Migración Colombia, que semanalmente atiende entre 300 y 350 personas, y la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús. De igual manera, en Capurganá, los cancilleres evaluaron las necesidades médicas locales, especialmente en la sala de parto, y atendieron a los líderes comunitarios, que plantearon sus preocupaciones frente a la actual crisis migratoria.
Después de este recorrido, los funcionarios se desplazaron a Necoclí, en el departamento de Antioquia, con la intención de instalar el Diálogo Nacional sobre el Territorio del Darién. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos conjuntos de Colombia, Panamá y Estados Unidos para hacer frente al crimen organizado transnacional y la crisis migratoria, que según datos de Panamá ha visto a 216.000 migrantes –en su mayoría venezolanos– atravesar el Darién solo en el 2024.
La magnitud del problema es aún mayor, ya que en 2023 la cifra de migrantes ascendió a más de 520.000, lo cual llevó al país panameño a cercar casi 5 kilómetros de su frontera con vallas de alambre de púas. En Capurganá, los migrantes inician su peligrosa travesía a través de la selva del Darién, buscando llegar a Centroamérica y eventualmente, a Estados Unidos. Este fenómeno migratorio, junto con el crimen organizado que lo acompaña, ha generado múltiples problemas humanitarios y de seguridad tanto en los países de tránsito como en los de destino.
Se espera que la reunión trilateral en Cartagena proporcione acuerdos y estrategias concretas para abordar estos desafíos, incluyendo la deportación o repatriación de migrantes a través de vuelos financiados por Washington, según el acuerdo vigente entre Panamá y Estados Unidos.
Y precisamente, en un vuelo financiado por Estados Unidos, Panamá devolvió a 30 migrantes colombianos, ninguno de los cuales se fue voluntariamente, debido a un acuerdo reciente entre ambos países. El vuelo partió del aeropuerto de Albrook rumbo al aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, convirtiéndose en la primera materialización de este acuerdo.
Este acuerdo, que se desarrolla bajo la vigilancia de las autoridades estadounidenses y panameñas, busca disuadir a los migrantes y reducir el flujo por este peligroso paraje. Organizaciones criminales como el Clan del Golfo y el Tren de Aragua tienen presencia en la zona, y las autoridades señalaron que muchos delincuentes se mezclan con los migrantes.
Entre los deportados, según el director del Servicio Nacional de Migración (SNM) panameño, Roger Mojica, se encontraba un sicario del Clan del Golfo con varios cargos de homicidio en Colombia. Así, el vuelo emergió no solo como un mecanismo de retorno, sino también como una medida de seguridad para Panamá.
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