El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) envió una carta al ministro de Defensa, Iván Velásquez, exigiendo una reforma policial integral que garantice mayores controles y protecciones para la ciudadanía frente al uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional.
La carta, firmada por múltiples organizaciones sociales y de derechos humanos, subraya la urgencia de avanzar en la transformación de la institución policial para alinearla con los principios de seguridad humana y el respeto a los derechos fundamentales.
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En la misiva, Movice y las organizaciones que integran la Mesa de Trabajo por la Reforma Policial destacan la necesidad de que el Gobierno avance, “sustancialmente en una reforma integral a la Policía”. Este llamado se enmarca en la preocupación por la falta de avances concretos en la transformación de la institución, a pesar de la emisión de la Directiva Permanente 09 por el Ministerio de Defensa en junio de 2023, la cual retoma el proceso de transformación iniciado en el gobierno de Iván Duque y lo armoniza con las nuevas políticas del Gobierno de Gustavo Petro.
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A pesar de estos esfuerzos iniciales, las organizaciones expresan su preocupación por la falta de participación efectiva de la sociedad civil en el proceso de reforma. Aunque se creó la Mesa Asesora Externa para aportar aspectos técnicos al proceso, la carta señala que esta mesa “no ha sesionado en lo que va corrido del año”, y critica la ausencia de una agenda clara, un plan de trabajo y lineamientos para su funcionamiento.
Revisión de la normativa sobre el uso de la fuerza
Uno de los puntos centrales de la carta es la revisión de la normativa sobre el uso de la fuerza y las armas menos letales por parte de la Policía Nacional, especialmente en relación con la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo). Según el documento, entre agosto de 2023 y enero de 2024, el Ministerio de Defensa abrió un espacio de discusión con la mediación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) para actualizar estas normativas.
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En este contexto, las organizaciones insistieron en la necesidad de, “regular con detalle los objetivos legítimos del uso de la fuerza, los niveles de aplicación de la misma, la evaluación del riesgo a la vida e integridad personal derivado del uso de AML, así como controles independientes y públicos a la actividad de policía”. La carta también hace referencia a un proyecto de decreto presentado por el Gobierno en febrero de 2024, que incluye algunos de los elementos propuestos, pero advierte que, “faltan otros que consideramos deben ser incluidos” y denuncia la falta de avances en esta tarea.
Piden participación real y vinculante
Movice y las organizaciones firmantes solicitan al Ministerio de Defensa que reactive los espacios de discusión sobre la transformación policial, garantizando, “una participación real, efectiva y vinculante de la sociedad civil, que incluya a las organizaciones que representen a los grupos discriminados y victimizados por el accionar policial”. Esta demanda responde a la preocupación por la falta de transparencia y la limitada participación de la sociedad civil en los procesos de reforma.
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Finalmente, la carta plantea que una reforma policial integral debe ir más allá de los cambios en el nivel reglamentario y abordar aspectos de orden legal y constitucional. Entre los temas mencionados están la desmilitarización del régimen de carrera, la independencia de la función disciplinaria, las competencias de la justicia penal militar, y la delimitación de las funciones de inteligencia y de policía judicial.
“Es importante que el Ministerio de Defensa del gobierno del cambio, proponga una discusión pública en el Congreso de la República sobre la necesidad de transformar sustancialmente estos aspectos para garantizar un servicio público para la paz que responda a las necesidades de la sociedad colombiana”, concluye la carta.
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