Rutas de transporte en Barranquilla suspenden operaciones por extorsiones: “La Policía los conoce”

Los trabajadores de la empresa de transporte Lolaya comenzaron a recibir hace unas semanas panfletos extorsivos en los que se les pedía llegar a un acuerdo con un grupo armado ilegal, presuntamente el Clan del Golfo.

La situación empeoró, pues ahora las directivas reciben llamadas y mensajes intimidantes en sus teléfonos personales, por lo que el 21 de agosto se vieron obligados a suspender las operaciones tras una supuesta declaratoria de objetivo militar.

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Aunque no tiene claro de dónde provienen los mensajes extorsivos, se sabe que los delincuentes están pidiendo hasta $50 millones mensuales a cambio de no realizar ningún atentado. Francisco Pupo afirmó en Blu Radio que esto representa una lamentable situación, ya que desde la pandemia el sector de transporte tiene deudas que a la fecha no han sido superadas, dejando así a varios conductores sin su ingreso diario.

“Estamos entre la espada y la pared. Dicen que nos van a matar, atentan contra los buses, amenazan a los conductores. Es una jungla, persecución total contra la empresa. Ayer fue el colmo, teníamos a nuestra cajera hasta las 9 de la noche en la oficina y tuvimos que mandar al Gaula por ella porque pasaban varias personas en moto y le decían asómate que apenas salga te matamos”, dijo.

Y es que la situación se complicó aún más cuando los trabajadores recibieron un mensaje en el que se afirmaba que ya tenían la dirección de las residencias de todos, y que era hora de que la compañía se “vistiera de luto”, declarándolos objetivo militar, razón por la cual se tomó la decisión de suspender las operaciones.

“El llamado que hago a las autoridades es que miren de qué forma se puede mejorar esto. La Policía de Barranquilla conoce a los extorsionistas. Yo creo que el presidente tendrá que hacer una reestructuración. Es evidente que la Policía los conoce, sabe quiénes son y no hacen nada”, agregó el empresario.

A pesar de que haya habido encuentros con las autoridades para enfrentar esta problemática, los trabajadores sienten que no se han tomado las medidas pertinentes para salvaguardar sus vidas. “Nos encontramos en paro debido a los ataques y amenazas que hemos recibido en los últimos días, tanto contra nosotros como contra la empresa. Pensamos que las amenazas no eran serias al principio, pero tras varios incidentes, nos dimos cuenta de que estamos en peligro real”, contó al Heraldo uno de los conductores, que prefirió no revelar su identidad para proteger su integridad.

El domingo 18 de agosto se registró un hecho de violencia cuando sujetos dispararon contra un vehículo de la ruta en el barrio Ciudadela, área metropolitana de Barranquilla. El bus se encontraba fuera de servicio mientras su conductor se movilizaba hacia un taller mecánico. De acuerdo con las primeras informaciones, el parrillero disparó hacia una de las ventanas, sin dejar personas heridas.

El pasado miércoles 14 de agosto otro hecho similar se presentó cuando un vehículo de la misma empresa se trasladaba por la avenida Circunvalar y a la altura de la zona residencial Puerta Dorada.

“Hace unos días, tiraron piedras a uno de nuestros buses en la misma zona, y este fin de semana fue un atentado a un compañero que se dirigía al taller. Recibió cuatro disparos en el vehículo”, relató otro conductor.

Pese a que las autoridades se han reunido con los representantes del gremio de transporte, los conductores sienten que las acciones necesarias para proteger sus vidas no han sido suficientes. “Es preocupante la situación; entonces, tomamos la decisión de no salir a trabajar porque nos vemos en esa obligación. Sabemos que nuestras vidas están expuestas, y detrás de nosotros hay muchas personas que dependen de nosotros”, comentó otro de los trabajadores.