El Gobierno Petro se negó a conciliar: fracasó audiencia para definir polémica por concesión del puerto de Buenaventura

El grupo Portuario S.A, de propiedad del empresario Álvaro Rodríguez, enfrenta una decisión adversa de parte del gobierno de Gustavo Petro respecto a la concesión del puerto de Buenaventura.

El jueves 15 de agosto se llevó a cabo una audiencia de conciliación entre el Gobierno nacional y la empresa para determinar el futuro del contrato de concesión del muelle 13 en Buenaventura, que había sido prorrogado a finales del año pasado antes de ser revocado días después.

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Después de nueve meses de confrontación y con la intervención de la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en el proceso llevado a cabo por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), esta entidad de control lideró la diligencia en búsqueda de un posible acuerdo. Sin embargo, según informó el grupo Portuario SA, la ANI manifestó que “no existe ánimo conciliatorio”.

La empresa aclaró que esta audiencia forma parte de una estrategia legal para oponerse a la resolución que revocó la prórroga de la concesión hasta 2045. El grupo Portuario, que administró el muelle por más de treinta años, destacó que sus acciones legales se basan en principios de ley y buscan garantizar la continuidad del servicio público portuario en la Unidad Operativa Muelle 13.

También mencionaron que la propuesta de negociación incluye soluciones para reactivar la pesca artesanal en Buenaventura, en beneficio de los pescadores locales.

La empresa se comprometió igualmente a abstenerse de operar carbón térmico en sus instalaciones, uno de los puntos que había generado controversia ambiental y que el Gobierno de Petro había citado como razón para la revocación de la concesión.

La ANI cerró la puerta a una conciliación, manteniendo así la decisión de revocar la prórroga, y reafirmó su postura en la audiencia. El Grupo Portuario expresó su determinación de continuar con las legales administrativas y constitucionales para oponerse a esta resolución y asegurar su permanencia en la operación del muelle.

Cuándo se confirmó el fin de la concesión del grupo Portuario en Buenaventura

El presidente Gustavo Petro, confirmó el 26 de enero del presente año, la finalización de la concesión del muelle 13 del puerto de Buenaventura que estaba en manos del grupo Portuario desde 2005. Esta decisión, según palabras del mandatario, responde a la necesidad de que los medios de producción sean gestionados por el pueblo y no por el Estado, dando paso a que el puerto sea administrado por cooperativas de pescadores locales.

El anuncio de Petro se dió en desarrollo de una serie de eventos que incluyeron la negativa de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de renovar el contrato con el grupo Portuario. Álvaro Rodríguez, presidente ejecutivo de Ventura Group, el operador del muelle 13, había enviado una carta a la ANI el 25 de enero en la que solicitaba la prórroga del contrato. En el escrito, Rodríguez aseguraba que, tras aclarar las inquietudes que habían llevado a la cancelación del contrato, estarían dispuestos a firmar un nuevo documento contractual.

Sin embargo, no se produjo tal renovación al finalizar el período en diciembre de 2023. Como respondió el presidente Petro, el muelle 13 se destinará a las cooperativas de pescadores de la región, una medida que busca beneficiar directamente a quienes del mar obtienen su sustento . “El muelle en Buenaventura debe ser de las cooperativas genuinas de pescadores en esa región del país”, dijo el jefe de Estado.

La decisión presidencial también apunta a combatir lo que Petro describió como “mafias” que buscan explotar los puertos marítimos del norte de Colombia. Estas declaraciones acentúan el compromiso del gobierno con la transparencia y la inclusión de la comunidad local en la gestión de recursos estratégicos.

El grupo Portuario, que operaba esta terminal desde 2005, fue un actor relevante en la administración portuaria. La retirada de su concesión marcó un cambio significativo en la política de gestión de las infraestructuras clave del país, orientado hacia una mayor participación comunitaria y una descentralización del control gubernamental.