Ministerio de Minas advierte que Colombia tardaría hasta cuatro años en estabilizar el sector energético y plantea retos para garantizar el suministro

La disponibilidad de gas natural, la llegada de nuevas inversiones y la capacidad de responder a fenómenos climáticos están entre los desafíos que deberá resolver Colombia para fortalecer su sistema energético. Por esa razón, la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, advirtió que el proceso para recuperar la normalidad del sector podría tomar entre tres y cuatro años.

Durante una audiencia en Barranquilla, la funcionaria señaló que los retrasos acumulados en exploración y otras decisiones han aumentado las dificultades para garantizar el abastecimiento. En su intervención, hizo referencia a la necesidad de recuperar actividades como la producción de carbón, sin que eso signifique abandonar los objetivos de transformación energética.

“Perder porque nos atrasamos mucho más, veníamos en atraso y nos atrasamos mucho más porque no exploramos, porque tenemos que recuperar en muchas el carbón, por ejemplo”, explicó.

La ministra sostuvo que el país debe avanzar hacia fuentes de energía más limpias sin debilitar la capacidad de generación ni poner en riesgo la continuidad del servicio. Para ello, insistió en que las decisiones sobre el ritmo de la transición deben responder a las condiciones reales del sistema y a las necesidades de los usuarios.

“La transición se debe hacer de tal manera que yo garantice la confiabilidad en el servicio”, manifestó.

Gas natural e inversión, claves para evitar nuevas dificultades

Uno de los puntos que genera preocupación es la capacidad de Colombia para atender la demanda de gas natural. Los retrasos en proyectos de exploración y producción obligan a buscar alternativas que permitan mantener el suministro mientras se desarrollan nuevas fuentes de energía.

En ese contexto, la funcionaria defendió una transformación gradual, acompañada de medidas que protejan la seguridad energética: “Seguimos con la transición, pero el ritmo lo va a dar la medida en que garanticemos esa seguridad energética”.

El país también necesita prepararse para los cambios climáticos, que pueden reducir la disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica y aumentar la presión sobre otras fuentes. La intención, explicó, es evitar que una nueva contingencia obligue a tomar medidas de emergencia para cubrir el consumo nacional: “No podemos estar otra vez haciendo fuerza frente a la llegada de otro fenómeno de El Niño”.

Entre las alternativas para reforzar el abastecimiento se encuentran dos plantas de regasificación que permitirían importar gas natural. Según lo expuesto por la ministra, una de las instalaciones tendría previsto comenzar operaciones el primero de diciembre, mientras que para la segunda se buscaría adelantar la entrada en funcionamiento a enero.

Aunque el gas importado podría tener un costo superior al del producto disponible tradicionalmente en el mercado nacional, la funcionaria consideró que contar con esta opción ayudaría a prevenir dificultades en el suministro y responder a las necesidades de los usuarios. La estrategia, por tanto, deberá combinar nuevas fuentes de abastecimiento con condiciones que permitan sostener la confiabilidad del servicio durante el proceso de transición.

Seguridad jurídica y recaudo, otros frentes pendientes

La recuperación de la confianza de los inversionistas también aparece entre las prioridades. Para impulsar nuevos proyectos de exploración y producción de gas, la ministra planteó la necesidad de ofrecer condiciones de seguridad física y jurídica, fortalecer los incentivos y brindar acompañamiento institucional a las empresas interesadas.

La disponibilidad de recursos y las condiciones para desarrollar proyectos serán determinantes para aumentar la oferta energética y responder a las necesidades del país. El objetivo es avanzar en la transformación de la matriz sin comprometer el suministro que requieren los hogares, los comercios y la industria.

En la región Caribe, otro de los problemas está relacionado con el recaudo de la energía adquirida, que, según lo señalado durante la audiencia, se ubicaría entre el 70% y el 72%. Estos niveles limitan la capacidad de las compañías para recuperar sus inversiones y ejecutar obras destinadas a mejorar la prestación del servicio.

La ministra advirtió que las dificultades financieras de las empresas repercuten en la infraestructura y el mantenimiento. Cuando los recursos no son suficientes, disminuye la capacidad de realizar inversiones y los usuarios pueden terminar afectados por el deterioro de la calidad del servicio.

Ante esa situación, hizo un llamado a gobernadores y alcaldes para que se involucren en la búsqueda de soluciones y contribuyan a mejorar el recaudo en sus territorios.