El presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Jonathan Malagón, expresó su firme oposición a la propuesta del presidente Gustavo Petro de utilizar los ahorros de los colombianos en las entidades financieras para financiar el plan de reactivación económica del gobierno.
Malagón calificó la medida como “un mecanismo de represión financiera” que podría generar más perjuicios que beneficios para la economía del país.
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Según Asobancaria, esta propuesta resulta inconveniente porque limita el crédito disponible para otras actividades económicas, lo que a su vez podría elevar las tasas de interés.
Jonathan Malagón afirmó que la medida constituye un “subsidio cruzado” que reduciría los fondos prestables, obligando a la mayoría de los colombianos a pagar tasas de interés más altas, mientras que los sectores favorecidos recibirían tasas más bajas. Esta situación podría desencadenar distorsiones en el mercado crediticio, afectando al desarrollo económico integral.
“El sector financiero considera que la propuesta de inversiones forzosas resulta inconveniente, porque constituye un mecanismo de represión financiera que limita el crédito para otras actividades. Es un subsidio cruzado que reduce los fondos prestables, por lo que la mayoría de los colombianos tendría que pagar una tasa de interés más alta para que los sectores beneficiados cuenten con una más baja”, manifestó el presidente de Asobancaria a través de una publicación en su cuenta de X.
El directivo agregó que, en su lugar, Asobancaria propone avanzar hacia un “Gran pacto por el crédito”, que consistiría en incrementar los desembolsos destinados a sectores estratégicos, como la vivienda, turismo, manufactura, economía popular y agropecuario.
Esta propuesta del gremio bancario busca destinar unos $35 billones adicionales para créditos a baja tasa de interés, con el objetivo de promover la reactivación económica del país sin la necesidad de recurrir a inversiones forzosas.
En el desarrollo de esta alternativa, se proyecta aumentar los desembolsos anuales de aproximadamente $120 billones a $155 billones, lo que representaría un incremento del 30% en la colocación anual de créditos.
Este incremento se distribuiría en sectores clave, asignando $14,6 billones para vivienda, $110 billones para fabricación —incluida la transición energética—, $21,1 billones para el sector agropecuario, $3,5 billones para la economía popular y comunitaria, y $5, 7 billones para el turismo.
Para cada uno de estos sectores, la estrategia de Asobancaria incluye planes específicos con el fin de optimizar el uso de los recursos y fomentar el crecimiento.
Por ejemplo, en el sector vivienda se propone reducir las tasas de interés del 14,1% al 10,6% y mantener subsidios, como el programa Mi casa ya, mientras que en agro se prevé aumentar el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) en 10 puntos porcentuales y asignar más recursos al Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA).
Por su parte, el gobierno, representado por la directora del Dapre, Laura Sarabia, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, defendieron la idea de movilizar una parte del ahorro depositado en los bancos hacia proyectos productivos. Según Bonilla, esta iniciativa busca “sacar del ahorro público en los bancos un porcentaje para destinarlo como crédito barato, con costo financiero pequeño, a las actividades de la producción”. Además, se enfatizó que los ahorros de los colombianos no están en riesgo de pérdida y que estos movimientos no constituyen una expropiación.
“Una cosa es estar en desacuerdo con la propuesta de inversiones forzosas y buscar otras alternativas con el objetivo de llevar inversión. Y otra cosa diferente es decir que se van a expropiar los ahorros de la gente o expropiar los bancos. Eso es totalmente FALSO”, afirmó en su cuenta de X la directora del Dapre, Laura Sarabia.
Para lograr el consenso necesario y adoptar medidas que beneficien al país, Asobancaria ha mantenido diálogos con el gobierno y otros actores relevantes. Sin embargo, Malagón insistió en la importancia de utilizar mecanismos que optimicen los recursos disponibles sin generar distorsiones en el mercado crediticio y que promuevan una recuperación económica sostenible.
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