Funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Bogotá investigados por irregularidades en contrato de grúas

La Procuraduría General de la Nación ha abierto una investigación que podría desenmascarar un presunto detrimento patrimonial en la Secretaría de Movilidad de Bogotá. El foco de la indagación recae sobre un contrato suscrito con el concesionario GYP S.A.S., responsable de la gestión de grúas y patios de vehículos inmovilizados en la capital desde 2018.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Según la información revelada, de los ingresos generados por este contrato, solo el 17.7% habría ingresado a las arcas del Distrito, mientras que un abrumador 82.3% habría sido destinado al concesionario. En cifras, esto se traduce en 163 mil millones de pesos recaudados entre abril de 2018 y enero de 2024, de los cuales, al parecer, solo 28 mil millones de pesos llegaron a la Secretaría de Movilidad, mientras que el concesionario habría recibido presuntamente 134 mil millones de pesos.

Ante esta situación, la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción ha ordenado la recolección de pruebas para esclarecer los hechos y determinar si existe un desfalco que compromete a funcionarios y al propio concejo de Bogotá.

Desde el ente de control enfatizaron que llegarán al fondo de estas acusaciones, que de ser comprobadas, podrían derivar en sanciones disciplinarias severas y en un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en Bogotá.

Si se llegara a establecer que los funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Bogotá estuvieron involucrados en actos de corrupción relacionados con el contrato con el concesionario GYP S.A.S., podrían enfrentarse a diversas sanciones, tanto disciplinarias como penales. Las sanciones disciplinarias serían impuestas por la Procuraduría General de la Nación y podrían incluir la destitución del cargo, lo que implica la pérdida de su empleo y la imposibilidad de ejercer funciones públicas por un período determinado o, en casos graves, de manera permanente.

Además, podrían ser inhabilitados para ocupar cargos públicos por un período que puede variar entre 5 y 20 años, dependiendo de la gravedad de la falta. También podrían enfrentarse a sanciones económicas, siendo obligados a restituir los dineros públicos que se consideren mal gestionados o desviados, lo que implicaría un perjuicio económico significativo para ellos.

En cuanto a la concesionaria GYP S.A.S., si se comprueba su participación en actos de corrupción, las sanciones podrían incluir multas con sumas que compensen el detrimento patrimonial ocasionado al Distrito. Además, la empresa podría ser inhabilitada para celebrar contratos con entidades públicas por un período que podría oscilar entre 5 y 20 años, afectando gravemente su capacidad de operar en el sector público. También se podría ordenar la rescisión del contrato con el Distrito, lo que significaría la terminación inmediata de las actividades de la concesionaria en Bogotá y la pérdida de los ingresos generados por dicho contrato.

En los casos más graves, si se encuentra responsabilidad penal, tanto los funcionarios como los directivos de la concesionaria podrían enfrentar procesos judiciales por delitos como peculado, cohecho, y celebración indebida de contratos. Esto podría conllevar penas de prisión, lo que añadiría un componente aún más severo a las consecuencias de sus actos.

Una nueva investigación de la Procuraduría por irregularidades

La Procuraduría General de la Nación ha formulado cargos contra la exalcaldesa de Gachetá, Mónica Romero Parra, por presuntamente no realizar el último pago de un contrato de $135 millones para la construcción de un parque temático ambiental del agua, destinado a la conservación de la fauna del Guavio. A pesar de que los recursos estaban presupuestados y la deuda reconocida, la exalcaldesa, junto con la exsecretaria de Planeación, María Victoria Acosta, y el secretario de Hacienda, Guillermo Novoa, no habrían cumplido con la obligación de efectuar el pago a la firma constructora. La Procuraduría considera que esta omisión podría comprometer la responsabilidad disciplinaria de los implicados, calificando la falta como gravísima.

Este caso resuena en medio de otra investigación en la Secretaría de Movilidad de Bogotá, donde se indagan presuntas irregularidades en un contrato con el concesionario GYP S.A.S., evidenciando un patrón de posibles negligencias en la administración de recursos públicos en diferentes entidades del país.