Acreditan nuevas víctimas del atentado con ‘rockets’ perpetrado por las Farc el 7 de agosto de 2002

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha acreditado a 31 nuevas víctimas del ataque con rockets llevado a cabo por las extintas guerrillas de las Farc-EP en Bogotá el 7 de agosto de 2002, durante la posesión del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entre los acreditados se encuentran sobrevivientes y familiares de los afectados por los ataques, que fueron perpetrados presuntamente por el Frente Urbano Antonio Nariño de la antigua milicia izquierdista.

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El 7 de agosto de 2002, exintegrantes de las Farc-EP lanzaron 14 rockets en distintos puntos de la capital. El primer ataque ocurrió a las 9:15 de la mañana en la Escuela de Cadetes José María Córdova. A las 3:15 de la tarde, mientras Uribe tomaba posesión por primera vez, se lanzaron más rockets, impactando en el parqueadero de la Casa de Nariño, el Congreso, el barrio San Victorino y ‘El Cartucho’, dejando 27 muertos y 69 heridos.

En su labor de encontrar a las víctimas, la JEP ordenó inspecciones en diversas entidades, como las secretarías de Salud e Integración de la Alcaldía de Bogotá, la Alcaldía local de San Cristóbal y el Batallón de Infantería número 37 ‘Guardia Presidencial’ del Ejército. Asimismo, accedió a bases de datos para obtener información de contacto.

El 22 de junio de este año, la JEP realizó una jornada en la que por primera vez víctimas del atentado se reunieron y decidieron acreditarse voluntariamente ante la Jurisdicción. Entre las víctimas se encuentra Henry Moreno, un reciclador de 69 años que perdió una pierna en el ataque. “Decidí venir a la JEP después de que he ido todos estos años a siete entidades y todas me han dicho que mi caso está perdido”, comentó Moreno.

También está Gerson Castiblanco Corona, quien tenía seis años cuando uno de los rockets impactó en su casa en el barrio San Fernando. Para recuperarse del accidente le hicieron cerca de 50 cirugías, además de estar tres meses en coma. Por su parte, Diana Milena Ochoa Gavilán relató cómo su hija de tres años quedó atrapada entre escombros tras la explosión de un rocket en su casa en el barrio La Estanzuela.

El Caso 10, liderado por las magistradas Julieta Lemaitre y Marcela Giraldo, decidió acreditar a estas 31 víctimas basándose en pruebas documentales y la información recopilada por la Oficina Asesora de Atención a Víctimas de la JEP. La jurisdicción también reconoció la condena emitida el 2 de marzo de 2005 por el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que sentenció a varios exintegrantes de las Farc-EP a penas de entre 26 y 40 años de cárcel por homicidio agravado, terrorismo agravado, rebelión, falsedad personal y tentativa de homicidio.

Las víctimas acreditadas en el Caso 10 podrán participar en las etapas del procedimiento previstas, incluyendo la posibilidad de hacer preguntas y presentar observaciones sobre lo que digan los exguerrilleros en las audiencias. “Sabemos que estos procesos no son fáciles. Fueron hechos victimizantes que es difícil recordarlos”, afirmó la magistrada Giraldo.

El Caso 10 abarca hechos no investigados en otros casos de la JEP, incluyendo homicidios, masacres, desplazamientos y violencia sexual. Estos hechos fueron agrupados en tres patrones de violencia: crímenes no amnistiables en el contexto del control social y territorial, crímenes cometidos durante ataques de la guerrilla y crímenes en contextos urbanos. La primera etapa de la investigación cubre áreas como Quindío, Tolima, Huila, Cundinamarca, San Vicente del Caguán y Sur del Meta.

Entre los casos investigados están el atentado al Club El Nogal (2003), los ataques contra el exvicepresidente Germán Vargas Lleras (2002 y 2005) y el exministro del Interior Fernando Londoño Hoyos (2012). La JEP ha recibido 1.300 solicitudes de acreditación de víctimas en este caso, de las cuales 702 ya fueron reconocidas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad social y económica.