Cuatro integrantes de la Policía Nacional deberán permanecer en prisión mientras avanza la investigación por la muerte de Donovan Balanta Paz, de 34 años, quien falleció horas después de ser detenido en el sur de Bogotá y trasladado a una estación policial de Soacha, Cundinamarca.
La medida de aseguramiento fue impuesta por un juez penal de control de garantías, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación. Los uniformados investigados son el mayor Roque Correa Yánez, el subintendente Henar Santiago Tapiero Tique y los patrulleros Jonathan Alexander Giraldo Torres y Santiago Vargas Romero.
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Los hechos ocurrieron el 20 de septiembre en el barrio Caracolí, en el sur de Bogotá, durante un procedimiento que inicialmente buscaba atender una discusión entre vecinos. Según la investigación, Balanta habría lanzado un objeto contra los policías, por lo que fue inmovilizado y aprehendido.
Los hechos bajo investigación
La Fiscalía sostiene que durante la intervención policial en el barrio Caracolí, en el sur de Bogotá, Donovan Balanta Paz habría recibido puños, patadas y varias descargas eléctricas con un dispositivo tipo táser.
Según la reconstrucción de los investigadores, las presuntas agresiones no habrían terminado con su aprehensión, pues también se habrían presentado después de su traslado a la estación de Policía de Cazucá, en Soacha, donde habría permanecido esposado de las manos y semidesnudo.
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Mientras estaba bajo custodia, Balanta habría manifestado dificultades para respirar y solicitado atención médica. Sin embargo, según los elementos recopilados por la Fiscalía, su traslado a un centro asistencial no se habría gestionado de manera oportuna. Otra persona detenida en la estación advirtió sobre la necesidad de auxiliarlo, pero transcurrieron aproximadamente 20 minutos antes de que fuera llevado al hospital.
El hombre llegó al centro médico sin respiración y con pulso débil. Horas después falleció. El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indicó que su muerte estaría relacionada con una arritmia cardíaca provocada por las descargas eléctricas.
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La investigación busca esclarecer tanto las agresiones que presuntamente sufrió durante el procedimiento inicial como lo ocurrido mientras permanecía en las instalaciones policiales. También examina las circunstancias en las que se habría solicitado o gestionado la asistencia médica, así como las actuaciones de los uniformados que participaron en el caso.
Los cargos contra los uniformados
La Fiscalía imputó a los cuatro policías los delitos de tortura y homicidio agravados. Además, Jonathan Alexander Giraldo Torres y Roque Correa Yánez fueron vinculados por falsedad ideológica en documento público. Ninguno aceptó los cargos formulados por el ente acusador.
De acuerdo con los investigadores, Giraldo Torres habría aplicado varias descargas eléctricas a Balanta tanto durante el procedimiento en Caracolí como en la estación de Policía. Los elementos materiales probatorios también señalan que el patrullero habría consignado en los registros oficiales que el detenido recibió buen trato y que sus derechos fueron respetados durante la actuación policial.
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Por su parte, Santiago Vargas Romero y Henar Santiago Tapiero Tique estarían implicados en las presuntas agresiones físicas contra la víctima, entre ellas patadas y bofetadas. La investigación busca establecer la participación de cada uniformado en los hechos que precedieron a la muerte del hombre.
En cuanto al mayor Roque Correa Yánez, la Fiscalía lo señala de haber permitido que sus subalternos golpearan a Balanta en la estación, no disponer su atención médica inmediata y registrar en las minutas información presuntamente contraria a lo ocurrido. Estas actuaciones forman parte de los elementos que sustentan los cargos formulados en su contra.
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El proceso está a cargo de fiscales de la Seccional Cundinamarca y de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, que adelantan las actuaciones con un enfoque diferencial étnico-racial. Mientras los cuatro uniformados enfrentan cargos por tortura y homicidio agravados, Giraldo Torres y Correa Yánez deberán responder además por falsedad ideológica en documento público.
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