Pagos que se habrían hecho en un casino y un prostíbulo no salieron de recursos de salud, afirmó exsuperintendente por caso Coosalud

La exsuperintendente de la Economía Solidaria María José Navarro aclaró que los supuestos pagos registrados en un casino y en un presunto prostíbulo de Cartagena no salieron de los recursos del sistema de salud pública, y aseguró que dichas irregularidades fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación desde febrero de 2026.

La precisión se conoció tras una investigación periodística de la revista Cambio que reveló presuntos gastos con tarjetas corporativas de una empresa textil vinculada al grupo Coosalud.

De acuerdo con la publicación del medio de comunicación, las transacciones bajo la lupa se habrían realizado desde cuentas bancarias de Inversiones Portichelly, una compañía del conglomerado dedicada a la confección de uniformes.

Los extractos bancarios de 2025 al parecer habrían registrado consumos por $5 millones en el establecimiento Texas Luxury Casino, ubicado en el barrio El Bosque, así como dos supuestos desembolsos de $400.000 en el local nocturno El Paraíso del Marino, en el sector de Vista Hermosa, lo que habría sumado $5,8 millones.

Frente a la controversia pública, Navarro explicó el origen corporativo de los fondos y desestimó que se tratara de dineros destinados a la atención médica de los usuarios de Coosalud EPS.

“Es importante aclarar que estos pagos no corresponden a recursos de la salud. Se trata de operaciones cuestionadas realizadas por el gerente de una empresa de confección de uniformes vinculada a la Cooperativa Coosalud. Cuando el agente interventor me informó de estos hechos, mi orientación fue que se denunciaran ante la Fiscalía, como efectivamente lo hizo la intervención en febrero de 2026”, puntualizó la exfuncionaria.

La investigación expuso una serie de presuntos 42 retiros de dinero en efectivo entre agosto y diciembre de 2025 desde las cuentas de la misma compañía de confecciones, los cuales habrían ascendido a $56,7 millones de pesos.

Retiros en efectivo y falta de soportes contables

Sumando los pagos en los locales comerciales y las extracciones por ventanilla denunciados, los movimientos observados habrían alcanzado $62,5 millones, transacciones que no contarían con los soportes de justificación requeridos en las actas de empalme.

Asimismo, las revisiones administrativas tras la entrega de la cooperativa habrían salpicado a otra sociedad del grupo denominada Soluinnova, dedicada al mantenimiento y adecuación de inmuebles. En esa filial se habrían identificado anticipos contractuales por aproximadamente $399,7 millones ejecutados durante 2025, dentro de los cuales figuran $100 millones que al parecer fueron entregados en efectivo sin soportes documentales de avance o finalización de obras.

El informe de empalme contable detalló además la supuesta presencia de 26 embargos judiciales contra la entidad solidaria por un valor acumulado de $16.272 millones, sumado a descuadres por 7.479 millones de pesos entre los extractos de las cuentas bancarias y los balances contables de la organización.

“No puede ser una cortina de humo”: el desfalco estructural de fondo

Ante este panorama financiero, Navarro advirtió que la discusión mediática sobre los gastos de la empresa de confección no debe desviar la atención sobre las investigaciones estructurales de desvío de recursos públicos durante administraciones previas de la entidad.

“Estas revelaciones no pueden convertirse en una cortina de humo, porque fue una denuncia que nosotros mismos hicimos en su momento. El foco debe estar en conocer quiénes realmente se robaron los recursos de Coosalud, y nosotros también ya presentamos esa denuncia y las pruebas a las autoridades competentes”, aseveró la exsuperintendente.

Navarro recordó que la Cooperativa Coosalud fue intervenida por la Superintendencia de la Economía Solidaria en diciembre de 2024, tras evidenciar presuntas anomalías en el manejo de capitales con Coosalud Inversa, lo que derivó en la apertura de un proceso sancionatorio formal contra el expresidente de la entidad Jaime González y los miembros del consejo de administración.

Dichas pesquisas institucionales se habrían complementado con una denuncia radicada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) ante la Fiscalía en agosto de 2026, la cual indaga un presunto desfalco a los recursos del sistema de salud, incluyendo un crédito de $221.000 millones concedido a Coosalud Inversa respaldado con garantías de la EPS.

Las autoridades judiciales y los organismos de control continuarán con la verificación de los soportes contables y las pruebas financieras aportadas para determinar las responsabilidades penales e individuales en el manejo de las empresas filiales del grupo solidario.