En julio de 2024 la Procuraduría General de la Nación anunció la indagación sobre presuntos carteles de la corrupción en las Empresas Municipales de Cali (Emcali) respecto a los cobros del servicio de energía a negocios, colegios, moteles y particulares con presuntas reducciones, por ende, el Concejo de la ciudad fue protagonista de un control político.
En este caso, el Ministerio Público recibió denuncias por supuestos acuerdos para reducir los costos de energía a diferentes empresas, tales como establecimientos comerciales y viviendas en estratos 5 y 6.
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El debate fue citado el 5 de agosto de 2024, al que asistió el gerente general de la empresa, Roger Mina. En este proceso, además del directivo de Emcali, dos gerentes de unidades de negocios asistieron a la plenaria, pero no pudieron hacer uso de la palabra, convocándolos nuevamente para el martes 6 de agosto en el Concejo.
En ese sentido, la Procuraduría pretende determinar “responsabilidades frente a un presunto megarrobo de energía que se viene presentando en la ciudad y que se calcula en $50.000 millones mensuales en pérdidas para la empresa”.
En medio de la audiencia, el concejal Roberto Ortiz afirmó que al interior de la empresa existiría una mafia integrada por 11 ‘carteles del componente de energía’, otro tanto en el componente de acueducto y lo mismo con la empresa de Telecomunicaciones. Según el cabildante, alrededor de 600 predios en el corregimiento de La Buitrera estarían conectados a la red eléctrica de manera fraudulenta.
“Es alarmante que 600 propiedades disfruten del servicio de energía sin abonar un solo peso, mientras que solo alrededor de 40 estarían realizando algún pago. Estas propiedades cuentan con piscinas, jacuzzis, saunas y equipos de gran consumo energético. Me pregunto, ¿Dónde está Emcali y por qué no se realiza un seguimiento adecuado?”, señaló el concejal.
Asimismo, según la misma Procuraduría, en estos ‘carteles fraudulentos’ se habrían cometido alteraciones de los medidores de energía y otros dispositivos electrónicos, para reducir el consumo y, por ende, los pagos.
“Existen varias irregularidades en el control, la instalación y en el funcionamiento de algunos medidores de energía con posible afectación o beneficio de algunos de los usuarios. Algunas líneas de investigación permitirían indagar que existen algunas organizaciones denominadas ‘carteles’, donde estarían involucrados posiblemente trabajadores de Emcali”, comunicó la Procuraduría.
“Analizaremos la información, recaudaremos otras evidencias y seguramente adoptaremos decisiones de investigación disciplinaria. No descartamos que tengamos que acudir a figuras excepcionales dentro de la actuación, como la de suspensión provisional”, afirmó el Ministerio Público.
La respuesta de Roger Mina
Pero Mina, dio respuesta a las acusaciones, asegurando que están colaborando con los entes de control para seguir con el respectivo proceso contra las personas que cometan fraudes.
Otro de los temas principales del debate fue el contrato de alumbrado público por 93.000 millones de pesos, en el que el directivo de Emcali defendió el proceso y llamó a presentar pruebas de las supuestas irregularidades contra las empresas que ganaron la licitación para tomar las respectivas medidas.
Al final, el concejal Ortiz dio a conocer la preocupante situación del área de Telecomunicaciones de Emcali, que ha generado pérdidas de 456.000 clientes en los últimos cuatro años. Pero además, hay 16 predios alquilados por la compañía que al día de hoy presta el servicio a la ciudad, produciendo numerosas pérdidas.
Estas denuncias han sido presentadas ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría y la Personería de Cali.
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