El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) sigue dando de que hablar. Tras la confesión de Olmedo López, exdirector de la entidad y Sneyder Pinilla, su segundo al mando, de utilizar $40.000.000.000 destinados a la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira en coimas, con el fin de conseguir que las reformas sociales del presidente de la República, Gustavo Petro, se aprobaran en el Congreso de la República.
Entre los principales implicados en el proceso destacan los expresidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, que presuntamente recibieron multimillonarios incentivos para apoyar varios proyectos de ley. Miembros del alto gobierno como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también fueron salpicados por López, ya que el jefe de cartera, supuestamente aprobó la entrega de contratos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el fin de evitar que los diálogos de paz corrieran riesgos.
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Tras las declaraciones de López, y de la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, de brindar todas las garantías procesales al jefe de cartera, el ministro de Hacienda se presentó a una audiencia el 2 de agosto de 2024, en la que su equipo de defensa pidió varias pruebas dentro de su proceso por el escándalo de corrupción en la Ungrd.
El magistrado del Tribunal Superior del Circuito de Bogotá aceptó las siguientes pruebas: acceder a la base de datos del Ministerio de Hacienda con el fin de obtener el registro de ingresos y salidas del exdirector de la Ungrd Olmedo López, y el ex subdirector de manejo de desastres Sneyder Pinilla, desde julio hasta diciembre de 2023.
La copia de las actas de las reuniones realizadas por la comisión interparlamentaria de crédito público, en las que se acordaron las adiciones presupuestales ligadas a Bonilla y el ministerio que lidera.
Otra de las pruebas admitidas por el tribunal fueron las copias de los ingresos y salidas de Olmedo López y Sneyder Pinilla al Departamento Administrativo Presidencia de la República (Dapre), desde julio a diciembre del 2023, en las que presuntamente se reunieron con Carlos Ramón González, exdirector de la entidad y acusado de ser el responsable de dar las órdenes de pagar coimas a congresistas.
Con estos documentos, el equipo de abogados que representa ante la ley al ministro Bonilla busca probar que el supuesto “cónclave” revelado por los exfuncionarios de la Ungrd nunca se llevó a cabo y que las reuniones en las que participó solo fueron parte de la agenda institucional.
Así fue como la defensa del ministro Ricardo Bonilla elevó la solicitud de pruebas en su contra
Según información revelada por W Radio, la defensa de Ricardo Bonilla se basó en las siguientes hipótesis para elevar la solicitud de pruebas. En primera instancia, el grupo de abogados explicó que el ministro de Hacienda no intervino en contratos de Saravena, Cotorra y Carmen de Bolívar; ya que, sostiene, no existen.
En ese sentido, sostuvo que si fueran reales los supuestos vínculos contractuales revelados por Pinilla y López, por distintas normativas, la cartera está obligada a hacer seguimiento a los proyectos, proceso del que no hay pruebas.
A la par, la defensa señaló que el Ministerio de Hacienda tiene como deber servir como conducto de comunicación con el Legislativo en asuntos de su competencia, por lo que es legal que los directores de entidades garanticen que los proyectos estén bien estructurados. Esas garantías deben ser presentadas a la cartera, que es el que aprueba que se giren los recursos.
Por último, los abogados afirmaron que los proyectos mencionados se encontraban en fase de ejecución, por lo que técnicamente estaría esperando las primeras entradas para hacer auditorias e identificar si hubo alguno irregularidad.
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