El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, entregó el balance de los resultados de las auditorías realizadas a los proyectos de regalías en el primer semestre de 2024. De acuerdo con Rodríguez, se reportaron 99 hallazgos fiscales por $602.000 millones.
“La identificación temprana de alertas es crucial para tomar decisiones adecuadas y asegurar la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos”, indicó al instalar el Primer Foro de Regalías: ¿Hacia un futuro sostenible?
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El contralor también hizo un fuerte llamado respecto a una posible caída del recaudo de regalías en el territorio nacional. De los 240 proyectos auditados, 45 fueron financiados con recursos para la paz por un valor SGR de $599.371 millones, indicó Rodríguez.
Como resultado de este proceso auditor adelantado durante el primer semestre de 2024, se obtuvieron 199 hallazgos fiscales por $602.774 millones, donde 35 de ellos corresponden a proyectos financiados con recursos para la PAZ por un total de $148.696 millones de pesos.
Asimismo, indicó que se establecieron 287 hallazgos con incidencia administrativa, 277 de carácter disciplinario y 66 con connotación penal. En la Región Caribe, se ubican los hallazgos fiscales por mayor cuantía: 78 por $280.671 millones.
En cuanto a los procesos de responsabilidad fiscal por irregularidades en proyectos de regalías en el primer semestre de 2024, la Contraloría ha imputado 43 procesos con Responsabilidad Fiscal en el nivel central por una cuantía superior a los $330 mil millones de pesos, los cuales cuentan con medidas cautelares decretadas y practicadas.
Además, se han proferido 28 Fallos con Responsabilidad Fiscal por una cuantía superior a los $134 mil millones.
Transición energética
De acuerdo con Rodríguez, la gestión minero-energética actual en el país está descontando la transición energética como un hecho inminente y de mediano plazo y actuando en consecuencia no se están firmando nuevos contratos de exploración, es decir que no se permite el fracking y no se tienen planes concretos de transformación para la industria petrolera y minera, para que estas actividades poco a poco cedan paso a las fuentes alternas de energía.
“En caso de que la demanda estuviera disminuyendo estas iniciativas tendrían sentido, pero en la realidad son cuentas demasiado optimistas pues los indicadores no muestran una desaceleración en los consumos de energéticos fósiles y por lo tanto se está arriesgando la seguridad energética que se tiene hoy frente a escenarios inciertos mañana”, agregó.
La consecuencia tangible será la efectiva disminución de la producción tanto de hidrocarburos como de carbón, principales generadores de regalías en el país, advirtió. Asimismo, indicó que la Contraloría General de la República ha participado y liderado mesas en torno a la transición energética justa, responsable, pero no se conocen las actividades concretas, los presupuestos, indicadores y metas, así como los análisis de concesión de actividades productivas y laborales, que permitan sustituir los recursos que obtiene el país de sectores como el de hidrocarburos y minería frente a la transición energética.
Proyectos revisados por la Contraloría
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el año 2023 y lo que va de 2024, la Contraloría precisó la alta incidencia de problemas que se evidencia en proyectos que tienen como objetivo el mejoramiento del agua potable y saneamiento básico, construcción de sistemas solares fotovoltaicos y fortalecimiento de sistemas productivos.
Las inconsistencias que predominan en la mayoría de estos proyectos revisados por la entidad son: Deficiencias en la estructuración y planeación de los proyectos, Caracterización insuficiente del territorio donde se ejecutarán los mismos y Modificaciones constantes en el listado de beneficiarios inicialmente presentado por las entidades formuladoras ante las instancias de aprobación.
“Muchos proyectos presentan problemas durante su ejecución debido a deficiencias en su estructuración inicial y en aspectos claves de la planeación, lo que los hace insostenibles a largo plazo. Un ejemplo es el caso de la Terminal de La Guajira, soberbia terminal en donde pasan dos buses diariamente, es una terminal que cuántos municipios no desearían tenerla. O en La Guajira, una planta de tratamiento de agua donde no tienen ni siquiera el estudio de los terrenos, y eso más allá de tener incidencias fiscales, tiene incidencias de tipo penal”, precisó el contralor Rodríguez.
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