
Un juez de conocimiento ha condenado a Hernando de Jesús Suárez Hernández a 40 años y 4 meses de prisión por el asesinato de su compañera sentimental, Diana Carolina Serna. El crimen ocurrió el pasado 22 de enero en La Unión, Valle del Cauca, y ha sido tipificado como feminicidio.
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En la lectura de la sentencia, Suárez Hernández aceptó los cargos, lo que facilitó la exposición detallada de los hechos. Según las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, el condenado atacó a Diana Carolina con un machete en plena vía pública, dejando a la víctima sin posibilidad de defensa. A pesar de sus intentos de huir, fue golpeada en la cabeza por Suárez Hernández, provocándole la muerte instantánea.

El trágico suceso, ocurrido alrededor de las 7:00 a. m., quedó registrado en cámaras de seguridad del barrio Jardín. Las grabaciones muestran a Diana Carolina dirigiéndose hacia su lugar de trabajo cuando se percató de que Suárez Hernández la seguía con un machete en mano. A pesar de sus intentos por escapar, fue alcanzada y asesinada brutalmente, mientras algunos vecinos escuchaban impotentes sus gritos de auxilio.
La rápida intervención de los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional permitió la captura de Suárez Hernández en el lugar del crimen. Las investigaciones revelaron que el agresor era un convicto por extorsión que se encontraba en un permiso de 72 horas al momento de cometer el asesinato. Además, se conoció que tenía antecedentes por violencia intrafamiliar, aunque Diana Carolina no había presentado denuncias previas ante la Comisaría de Familia o la Fiscalía General de la Nación.

Podrá tener o no rebajas de penas el feminicida
En Colombia, los crímenes de feminicidio y otros delitos sexuales graves no gozan de beneficios judiciales o reducciones de penas debido a una serie de reformas legales implementadas para proteger la integridad de las víctimas y asegurar que los perpetradores enfrenten condenas severas. Esto quedó reforzado con la promulgación de la Ley 1709 de 2014 y sus posteriores actualizaciones mediante la Ley 1776 de 2016 y la Ley 1944 de 2018. Estas normativas establecen una postura inflexible respecto a ciertos crímenes, eliminando la posibilidad de beneficios como la suspensión condicional de la ejecución de la pena o la prisión domiciliaria para quienes cometan delitos sexuales.
Este marco legal tiene como objetivo evitar que los culpables de estos crímenes graves eludan el cumplimiento efectivo de sus penas en establecimientos carcelarios.
La razón detrás de esta política inflexible es clara: proteger la integridad sexual y la formación sexual de las víctimas y asegurar que los perpetradores de delitos tan graves enfrenten sanciones justas y proporcionales a la gravedad de sus actos. Al eliminar cualquier posibilidad de beneficios judiciales, el sistema legal colombiano busca también disuadir a posibles agresores, afirmando que estos crímenes no solo serán severamente castigados, sino también que las sentencias serán efectivamente cumplidas sin posibilidad de reducción.
Cómo denunciar la violencia

En primer lugar, es esencial buscar ayuda inmediata. La Línea 155 es una herramienta crucial, ya que ofrece atención a mujeres víctimas de violencia las 24 horas del día de manera confidencial. Además, la Línea 123 de emergencia también puede ser utilizada para reportar situaciones de violencia de género y recibir asistencia rápida.
El siguiente paso es dirigirse a una Comisaría de Familia. Estas comisarías, presentes en todo el país, son el primer punto de contacto para muchas víctimas de violencia intrafamiliar. En estos lugares se puede presentar una denuncia formal y solicitar medidas de protección inmediatas. Es importante actuar con rapidez y claridad para asegurar la protección y el apoyo necesario.
La Fiscalía General de la Nación es la entidad encargada de investigar y perseguir los delitos. Presentar una denuncia formal en la sede de la Fiscalía más cercana es crucial. Se debe llevar cualquier evidencia disponible, como fotos, mensajes de texto, o testimonios, que pueda respaldar la denuncia. Esta evidencia puede ser determinante en el proceso de investigación y en la eventual presentación del caso ante un juez.

En casos que involucren violencia sexual, los Centros de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVAS) proporcionan una atención integral que incluye asistencia médica, psicológica y jurídica. Estos centros están equipados para ofrecer el apoyo necesario y facilitar el acceso a servicios cruciales para las víctimas.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses también juega un papel fundamental en estos casos. Aquí se pueden realizar exámenes médico-legales que son esenciales para el proceso judicial. Estos exámenes proporcionan evidencia técnica que puede ser crucial en la acusación y el juicio del agresor.
Existen además otros recursos y apoyos adicionales. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ofrece apoyo psicológico y legal a menores de edad víctimas de violencia. La Red Nacional de Mujeres es una organización que brinda asistencia y orientación a mujeres víctimas de violencia.
Colombia cuenta con mecanismos establecidos para brindar apoyo y justicia a las víctimas, y es fundamental utilizarlos para garantizar la seguridad y el bienestar de todas las personas afectadas.
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