El anuncio reciente del presidente Gustavo Petro sobre un nuevo ‘fast track’ legislativo generó controversia en el Congreso de la República.
Aunque Petro presentó su propuesta con optimismo ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la implementación en el ámbito nacional podría encontrarse un tanto complicada. La propuesta tiene como objetivo aprobar puntos esenciales del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc-EP.
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Entre las medidas incluidas en el ‘fast track’ se encuentran la ampliación del plazo de implementación del acuerdo, la compra express de tierras, la excarcelación de campesinos que cultivan hoja de coca y la modificación de normas financieras relacionadas con las vigencias futuras. Este mecanismo ya fue utilizado por el gobierno de Juan Manuel Santos para agilizar la aprobación de leyes fundamentales en menos de seis meses. Sin embargo, en esta ocasión, el escenario es distinto.
Desde diferentes sectores políticos ven esta medida como un intento resucitar las reformas rechazadas en la legislatura anterior bajo el pretexto de implementar el Acuerdo de Paz. Además, los tiempos legislativos son ajustados y Petro no cuenta con mayorías claras en el Congreso, lo cual quedó en evidencia el pasado 20 de junio cuando no se aprobaron proyectos clave como la reforma a la salud y la educación, entre otros.
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El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que desempeñó un papel crucial en la aprobación del ‘fast track’ en el gobierno de Santos, defendió la propuesta del actual jefe de Estado.
“Tal como lo dijo el Señor presidente @petrogustavo ante la @ONU_es “La paz de Colombia acaba la cocaína en el mundo” y para este fin vamos a articular esfuerzos desde @MinInterior, vamos a llegar a consensos, vamos a sumar todas las voces, a oír a quienes opinan diferente”, señaló Cristo en su cuenta de X.
Sin embargo, el clima en la Corte Constitucional no parece favorable. Actualmente, parece existir una alta probabilidad de que los magistrados no encuentren razones sólidas para volver a implementar el ‘fast track’, tal como lo permitieron en 2017 exclusivamente para la implementación del Acuerdo de Paz.
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Esto, junto con las demandas previas al mecanismo por miembros del partido Centro Democrático, como María Fernanda Cabal e Iván Duque complica aún más el panorama. Además, aunque Petro ha tenido reuniones con Juan Manuel Santos sobre el Acuerdo de Paz, Santos ha mantenido su distancia de algunas iniciativas del actual mandatario, como el acuerdo nacional y la constituyente.
Cristo, que ha avanzado en diálogos con diversos sectores del poder Judicial, regional, legislativo y empresarial, no ha evidenciado aún resultados concretos en torno al apoyo a esta propuesta.
El sábado 20 de julio será una fecha clave para el Gobierno nacional, ya que presentará un paquete de proyectos en el Congreso bajo la bandera del Pacto Histórico y con nuevos ministros a bordo. Se espera que estos continúen batallando por las reformas rechazadas anteriormente.
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Así mismo, mientras Petro terminaba su gira en Estados Unidos, su equipo ministerial se encontraba en trabajo técnico para preparar los textos legislativos necesarios.

El Ejecutivo también sigue de cerca las maniobras legislativas, como las presidencias de las comisiones y las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes, donde se anticipó que Cristo intente convencer al Legislativo de apoyar el fast track nuevamente.
La propuesta del jefe de Estado para reinstaurar un ‘fast track’ enfrenta varios obstáculos políticos y legales. Aunque Juan Fernando Cristo defiende la medida, el Congreso de la República muestra resistencia y la Corte Constitucional podría no estar dispuesta a repetir la excepcionalidad otorgada anteriormente. Petro, por su parte, se prepara para una intensa lucha por la aprobación de sus reformas a pesar de la renuencia del Legislativo.
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