Salvatore Mancuso quedó en libertad pero no podrá ir donde quiera: esta es la lista de departamentos que no puede pisar

Después de oficializarse la salida de prisión del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en la tarde del miércoles 10 de julio, son varias las preguntas sobre cuál será su lugar de residencia, los lugares que visitará en Colombia y cómo avanzará el proceso del ahora gestor de paz que designó el Gobierno nacional.

Sin embargo, aunque el líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) recobró su libertad, las medidas aplicadas contra Mancuso incluyen restricciones para movilizarse a voluntad por ciertas zonas del país, teniendo en cuenta las directrices determinadas por Justicia y Paz.

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Según dio a conocer esa justicia, el exjefe paramilitar tendrá que residir en Medellín y presentarse cada tres meses ante los magistrados en esa ciudad. Además, se le prohibió ingresar a algunos departamentos donde tuvo influencia criminal, como Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, La Guajira y Norte de Santander.

Además de las restricciones de movilidad en los departamentos mencionados, tampoco podrá moverse en San Pedro de Urabá, Necoclí, Arboletes, Ituango y Apartadó, municipios de Antioquia donde también operaron las AUC.

Para desplazarse en estas zonas, será necesario un permiso del alto comisionado para la Paz, que deberá ser presentado ante Justicia y Paz con fechas, lugares y actividades específicas. Mancuso también tiene prohibido salir del país y realizar acciones que promuevan el delito y las autodefensas.

Las medidas contra el gestor de paz asignado por Gustavo Petro regirán por un plazo de cuatro años, al tiempo que avanzan los trámites para esclarecer la verdad y reparar a las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Por qué salió Salvatore Mancuso de la cárcel

El 10 de julio, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso quedó en libertad tras una decisión judicial. Una jueza de Justicia y Paz levantó una nueva medida de aseguramiento en su contra y ordenó su libertad inmediata, mientras que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que se adhirió hace unos meses, también certificó que Mancuso no tenía impedimentos legales para su libertad.

Por su parte, el director encargado del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), Rolando Ramírez, indicó que “no hay requerimientos pendientes” en contra del excomandante paramilitar. Mancuso se desmovilizó en 2004 y en 2008 fue extraditado a Estados Unidos, donde fue sentenciado a 15 años y 10 meses de prisión.

Sin embargo, la salida de Mancuso se da en medio de presuntas amenazas contra su integridad física, según denunció el fin de semana su abogada defensora, Beatriz Quintero. La togada confesó que habría un supuesto plan para atentar contra el exjefe de las extintas AUC, durante su liberación. Incluso, la jurista afirmó que funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) estarían implicados en dicho plan.

De hecho, Quintero destacó que la responsabilidad de cualquier acto contra Mancuso recae en Ferney Ortiz, jurídico del Inpec, el director del establecimiento penitenciario y sus superiores. “Se responsabiliza de cualquier situación que pueda presentarse en contra de Mancuso al jurídico del Inpec, el dragoneante Ferney Ortiz, al director del establecimiento y a todos sus superiores porque esa es la demora y el conocimiento que tenemos que el Inpec está dilatando de manera ilegal y arbitraria su detención para que esté listo el grupo de sicarios”, comentó la togada en diálogo con Rtvc Noticias.

La abogada también se refirió al compromiso de Mancuso con las víctimas de las AUC y su rol como gestor de paz. Comentó que su cliente debe ayudar a otros grupos armados a desmovilizarse, desarmarse y reincorporarse a la legalidad en mejores condiciones que las ofrecidas a las AUC. “Evidentemente la función del señor Salvatore Mancuso Gómez es la de cumplir con esa designación implícita dentro de esta gestoría de paz”, agregó.

Ante las denuncias, la Unidad Nacional de Protección (UNP) será la encargada de su seguridad. “La JEP y la UNP tienen dos tipos de convenios. Uno para magistrados y otro para lo que la JEP defina como víctimas”, explicaron en un comunicado, mientras que aseguraron que la entidad será la responsable de la implementación logística de las medidas de protección solicitadas por la JEP para Salvatore Mancuso.